El diputado por las provincias de Talca y Curicó, Alexis Sepúlveda (P.R.) y dirigentes del sector público regional, presentaron recurso de protección en contra del gobierno para resguardar la vida y salud de funcionarios públicos.
El recurso de protección, presentado por el abogado Juan Pablo Rojas en representación del parlamentario radical, pretende frenar el instructivo y la decisión del gobierno, de obligar a retomar funciones presenciales de funcionarios públicos en medio de la crisis sanitaria del Covid-19 que aún no llega a su peak de contagiados.
El diputado planteó que presentaron este recurso de protección para salvaguardar no solamente la vida y salud de los funcionarios públicos, sino que de los usuarios que van a tener contacto con ellos:
“No están dadas las condiciones para retornar a un trabajo normal, la Región del Maule aumentó el nivel de contagios y fallecidos, vamos en una curva que va subiendo. Sentimos que este instructivo no recoge lo que han señalado los expertos”, aseveró Sepúlveda.
Por su parte, la dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Soraya Apablaza, señaló que “la medida que ha tomado el gobierno es irresponsable e imprudente, ya que no están dadas las condiciones para que los funcionarios públicos vuelvan a trabajar. E mejor ejemplo es lo que sucedió en las oficinas de INDAP, donde ocho funcionarios están contagiados y uno de ellos falleció. El Gobierno no tomó en consideración a los organismos que vienen trabajando con responsabilidad, como el Colegio Médico y la Mesa Social, que están abordando estas temáticas, para que conjuntamente con las asociaciones de funcionarios, evaluar cuél es mejor mecanismo y el tiempo para la reincorporación de los funcionarios públicos a sus puestos de trabajo, pese a que todos están trabajando remotamente en sus hogares”, indicó.
Leandro González, presidente de la Asociación de Enfermeros y Enfermeras del Hospital Regional de Talca sostuvo que el instructivo del ministerio de volver a la normalidad para todos los funcionarios públicos es malo: “No existen las condiciones de seguridad para los funcionarios de la salud ni funcionarios en general, ya que hay un déficit y carencia de protección personal que no aseguran una atención para toda la población de forma oportuna y de calidad”, enfatizó.
Según el abogado Juan Pablo Rojas, este recurso busca que se reestablezca el imperio del derecho en el sentido de que la justicia obligue al gobierno a dejar sin efecto el oficio Nº18 y permita a los funcionarios públicos a desarrollar trabajo remoto.
“Creemos que existe una decisión ilegal, arbitraria y que atenta al derecho de igualdad ante la ley de todos los funcionarios. Acá hay funcionarios de primera y segunda categoría al parecer, porque hay ciertos funcionarios que se les obliga a realizar trabajo presencial, pero otros como la Contraloría, Municipalidades y Banco Central, no están obligados a esto”, argumento el jurista.
Por último, el diputado Alexis Sepúlveda hizo un llamado al Presidente de la República a retirar el instructivo y actuar con prudencia: “Que le haga caso a los equipos técnicos, ni la Mesa Social ni el Comité Asesor fueron consultados por esta medida, no queremos lamentar otra muerte de un funcionario público en la región” sentenció.
