Debido a que las universidades adscritas a la gratuidad deben costear el 50% del arancel anual de los alumnos que pierden la gratuidad por exceder la duración formal de sus carreras, el rector de la Universidad de Talca (UTALCA), Álvaro Rojas, lamentó que esto no haya sido resuelto antes de que finalizara la tramitación de la Ley de Educación Superior.
“Esto genera un daño patrimonial en las instituciones debido a que la ley nos obliga a prestar un servicio a mitad de precio y las universidades están enfrentadas hoy día al hecho de que deben financiar una parte de la gratuidad”, sostuvo.
Rojas explicó que desde el Consejo de Rectores (Cruch) se pidió a las autoridades del gobierno anterior que se financiara en la ley un año extra, es decir que los alumnos tuvieran un margen de un año en caso de que se atrasaran, de acuerdo a la realidad que ha existido históricamente en las universidades, y sobre todo en aquellas de regiones que reciben más alumnos vulnerables, lo cual no fue aceptado, principalmente por falta de recursos.
Ahora, con la presión de que en 2018 se producirá un alto déficit en las instituciones debido a que deben empezar a cubrir la mitad de los aranceles de los estudiantes que se han atrasado, el Congreso aprobó una indicación en la Ley de Presupuestos 2019 para que los planteles puedan utilizar los excedentes del Crédito de Fondo Solidario para costear estos gastos.
“Estimamos que es una solución pasajera que trae un poco de alivio a los presupuestos de las universidades y ayuda a que las más afectadas no caigan en situaciones de desfinanciamiento. Pero se debe considerar que no todas las universidades cuentan con excedentes. La solución de fondo es revisar la norma pensando en el largo plazo y en la realidad de los alumnos ya que ellos se demoran un año más porque no son máquinas, son estudiantes que pueden tener problemas familiares, problemas vocacionales, económicos”, enfatizó el rector.
Finalmente la autoridad académica planteó que “creo que debe ser revisada la norma, porque de otra forma nos sentimos con un daño patrimonial frente al cual no podemos ser indolentes ya que está ocurriendo en todas las universidades adscritas a la gratuidad y esa medida debe ser revisada y nuevamente legislada para que pueda ser corregida”, concluyó.
