Hasta la fecha se han registrado más de 8 mil detenidos por incumplir la cuarentena o el toque de queda. Y esas cifras, más las constantes vulneraciones a las restricciones sanitarias, hicieron que el Ejecutivo pusiera urgencia de discusión inmediata al proyecto que modifica el Código Penal para sancionar la inobservancia del aislamiento u otra medida preventiva dispuesta por la autoridad sanitaria en caso de epidemia o pandemia.
La iniciativa cumple su segundo trámite constitucional y fue aprobada en general por la unanimidad de los integrantes de la Comisión de Constitución del Senado, instancia que también avanzó en la aprobación de parte del articulado.
En lo fundamental, se aumentó la pena hasta 3 años de cárcel para los que incumplan las medidas sanitarias y se aprobó una multa de hasta 200 UTM. El juez podrá optar por una u otra sanción.
Aún queda pendiente lo relativo a las sanciones para organizadores de fiestas o eventos públicos masivos, por ejemplo, o para los empleadores que obliguen a sus trabajadores a ir al trabajo estando en cuarentena o con medidas de aislamiento.
Durante la última sesión el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, señaló que “este es un proyecto urgente que busca hacerse cargo de un tema que tiene que ver con la necesidad de contar con mayores y mejores instrumentos de sanción a la hora de revisar la medidas que dispone la autoridad sanitaria”.
Por su parte, el presidente de la comisión, senador Alfonso De Urresti manifestó su preocupación “por la falta de deferencia” hacia una moción similar que ya se había aprobado en el Senado y que podría haber sido considerada como base para continuar con el trámite de esta idea.
Dicha iniciativa fue presentada por los senadores Andrés Allamand, Alfonso De Urresti, Felipe Harboe, Manuel José Ossandón y Víctor Pérez, y fue aprobada y despachada a la Cámara de Diputados el 8 de abril pasado.
En lo fundamental la iniciativa en estudio es muy similar a la que aprobó el Senado, pero incorpora nuevos elementos, estableciendo por ejemplo, que la aplicación de las sanciones previstas sean compatibles con las de carácter administrativo.
De esta manera, se contempla un techo más alto de la sanción, pues antes se consideraba una pena de presidio mayor en su grado mínimo ( de 61 a 540 días) y ahora se aumentó hasta 3 años de presidio.
Lo mismo ocurre con las sanciones que se proponen para los organizadores de fiestas o eventos, pues se propuso aumentarlas, lo que deberá ser zanjado en la próxima sesión de la comisión.
En síntesis, se busca que las personas que no respeten la cuarentena o las medidas de aislamiento dictaminadas por la autoridad, se vean expuestas a sanciones mayores de ahora en adelante.
