Esta jornada de martes, en La Moneda, el presidente Gabriel Boric promulgó la nueva Ley Antiterrorista. En ese contexto, el mandatario aseguró que “Chile no se rinde ni se arrodilla ante la delincuencia”.
En la instancia también estuvo presente la ministra del Interior, Carolina Tohá; la ministra de Defensa, Maya Fernández; la vocera (s) de Gobierno, Aisén Etcheverry; el ministro (s) de Justicia, Ernesto Muñoz; el general director (s) de Carabineros, Enrique Monrás; y el director general (s) de la Policía de Investigaciones, Ricardo Gatica.
El Presidente de la República comenzó diciendo que esta norma “pone al día a las instituciones del Estado (…) y esto es producto también de un acuerdo transversal, que es muy valioso”.
“El terrorismo es inaceptable en Chile y no podemos permitirlo ni relativizarlo” y “la seguridad de nuestros compatriotas es lo más importante”, complementó Boric.
Agregando que “esta actualización de la Ley Antiterrorista es parte del esfuerzo mayor que estamos llevando a cabo para dejar a Chile en mejores condiciones para combatir al crimen organizado, avanzar con más y mejores herramientas para combatir el delito, con nuevas instituciones, con policías mejor equipadas y más protegidas, con barrios mejor iluminados, con más cupos en las cárceles (…) con fronteras mejor resguardadas”.
“Lo importante es decirle a toda esta gente que por más choros que se crean los vamos a encontrar, y los vamos a castigar, y vamos a dar -y estamos dando- señales a la sociedad entera de que Chile no se rinde ni se arrodilla ante la delincuencia en ninguna de sus formas”, sostuvo.
Por lo que, dijo el mandatario, “en esto tenemos que estar todos unidos, sin fisuras en el sistema político. Porque cuando se ven fisuras en estos temas es donde aprovecha el narco y el crimen organizado para meterse”.
Recordemos que reformar la Ley Antiterrorista fue parte del programa de gobierno, del Compromiso Transversal por la Seguridad suscrito con las asociaciones de municipios y gobernadores regionales en abril de 2023, y de la agenda priorizada entre el Gobierno y el Congreso Nacional.
De esta manera, con la promulgación se deroga la Ley 18.314, de 1984, creada en dictadura.
Esta nueva ley está en línea con estándares internacionales y se usaron como referencia las legislaciones de España, Alemania y Estados Unidos.
Una vez comience su funcionamiento, el Ministerio de Seguridad Pública tendrá la facultad de querellarse por estos delitos además de la obligación de proponer al Presidente de la República una Estrategia Nacional de Prevención y Combate contra las Conductas Terroristas, la cual deberá incluir una propuesta de reparación a víctimas.
También facultará al fiscal a cargo, en casos de alarma pública o de alta complejidad, para solicitar a la Corte Suprema el traslado de la causa a un Tribunal de Santiago.
