Una querella contra quienes resulten responsables de la irregular venta de un inmueble adquirido por el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Calaf de Talca fue presentada por 65 personas que se sienten afectadas.
Los recurrentes en un instante formaron parte del referido Sindicato que adquirió para sí una propiedad, la que sin su asentimiento fue vendida.
Conforme a lo establecido en el Código del Trabajo, en su artículo 257 inciso 4, cuando se realice una compraventa que pertenece al Sindicato se tiene que llamar a una asamblea y pedir la opinión de cada uno de sus integrantes.
De acuerdo a los antecedentes acompañados en la acción judicial se realizó la asamblea extraordinaria, pero a ellos (los 65 querellantes) no se les citó.
«Se vendió el inmueble en una suma que nos parece irrisoria: 90 millones de pesos. Se trata de un inmueble ubicado en el casco histórico de la ciudad, en calle 4 Sur que tiene un metraje importante”, indicó el abogado Fernando Leal, quien patrocina la acción judicial.
El jurista precisó que “se suscribió la compraventa ante Notario Público, posteriormente se inscribió en el Conservador de Bienes Raíces y lógicamente ellos tenían que haber verificado todos los requisitos legales para concretar esta compraventa”.
67 personas integraron la agrupación sindical y su vocera, Alicia López, recalcó que “los nuevos dirigentes que tomaron el sindicato nos pasaron a llevar. Hicieron una venta ilegal de ese lugar. Todos los trabajadores antiguos lo compramos, para lo cual dimos un día de sueldo. Ellos llevan cinco o siete años y ya vendieron; y se repartieron entre ellos. No hicieron un llamado a los antiguos socios”, aseveró.
Por su parte, el ex trabajador Luis Leiva recordó que “esto lo hicimos entre todos los trabajadores de Calaf. Anduvimos de casa en casa. Somos 65 personas que cumplimos entre 30, 40 y 50 años de servicio en la empresa. No nos tomaron en cuenta, así que estamos acá reclamando nuestros derechos”.
La querella presentada en el Juzgado de Garantía de Talca apunta a que sea declarada admisible; que llegue a la Fiscalía; que se investigue; y que se sancione a los responsables por el daño ocasionado a estas personas.
