El concejal de la Municipalidad de Talca, Sixto González; y el consejero regional Gabriel Rojas, en calidad de abogado, realizaron una presentación ante el Ministerio Público solicitando una investigación por un presunto caso de malversación de caudales públicos y eventual sustracción de una fuerte cantidad de recursos que debían ingresar a las arcas del municipio talquino, a través de la recaudación efectuada por el Cementerio Municipal, pero que no habrían llegado a su destino legal.
“Lo medular acá es que se trata de una denuncia grave porque hay una malversación de fondos, lo que está tipificado en la figura de ‘sustracción’ porque platas que pagaron contribuyentes, usuarios del Cementerio Municipal, no fueron a parar a las arcas del municipio como corresponde”, aseveró el concejal González.
Agregó que en algunos casos hay boletas de los pagos, pero estas nunca fueron entregadas en la Municipalidad por el valor correspondiente; y en otros definitivamente no existen documentos de respaldo.
“O sea tenemos las dos figuras, con y sin boleta, pero lo concreto es que los dineros no llegaron al municipio, situación de la cual fuimos informados por los mismos funcionarios del Cementerio, de los cuales obviamente reservaremos su identidad”, enfatizó el edil.
Añadió que se trata de una fuerte cantidad de dinero, pero que hasta el momento no ha sido precisada con exactitud, razón por la cual se solicitó la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía para esclarecer tanto los montos de lo sustraído como la responsabilidad de los eventuales involucrados.
Por su parte el abogado y consejero regional, Gabriel Rojas, precisó que existen a lo menos diez casos constatados en los cuales personas particulares pagaron cuotas por servicios efectuados al interior del Cementerio Municipal, pero luego al revisar los libros de la administración del recinto, se verifica que esos pagos no fueron ingresados al municipio o bien se hicieron, pero por montos reducidos considerablemente.
“Por lo tanto la figura que nosotros estamos presentando ante el Ministerio Público invoca el Artículo 233 y siguientes del Código Penal, referido a la malversación de caudales públicos así como a la sustracción de los mismos. Para ello hemos puesto a disposición de la Fiscalía toda la documentación disponible, para que sea ese organismo que tome la situación en sus manos y realice la investigación correspondiente a fin de determinar la responsabilidad penal de los funcionarios que estén involucrados en estos delitos”, puntualizó el abogado Rojas.
Finalmente el profesional indicó que los montos involucrados en cada uno de los diez casos constatados alcanzan a los 300 mil pesos, por lo que se trataría de una suma que supera los varios millones de pesos.
