Acciones legales que buscan destituir al alcalde de Licantén, Marcelo Fernández, fueron presentadas por la Fundación Chile Mejor, entidad que es representada por el estudio jurídico Vergara, Oyarzo & Cía.
Esta entidad lo acusa de rectificar y falsear las cuentas para no dejar pruebas de que su gasto electoral fue un 200% más de lo permitido, cuestión que amerita la destitución, según estipula la ley.
La abogada Paula Oyarzo explicó que “nosotros ya dedujimos el recurso para que en vez de que sólo le cobren las multas por sus infracciones a la ley electoral, se lo destituya de su cargo. Lo que Fernández realizó fue rectificar y falsear las cuentas para que la cifra en que se había pasado de lo que estipula la ley no fuera tan grande, pero en realidad su gasto fue un 200% más de lo permitido”.
Oyarzo afirmó que “la ley dice que si el gasto electoral supera el 25% de lo permitido se establece una sanción penal. Nosotros probamos a través de las cuentas de todos los demás candidatos, con una certificación que hizo un notario público y además un informe de tasación, que el alcalde de Licantén no se apegó a los valores de la circular del Servel sobre el valor mínimo que tú le puedes dar a un bien o servicio de acuerdo a las normas de gasto electoral”.
“Por ello, Marcelo Fernández cometió un fraude electoral que consiste en haber modificado fraudulentamente la cuenta rendida, y además, que en un gasto electoral que debió ser de $8 millones gastó más de $30 millones”, aclaró la abogada del estudio Vergara, Oyarzo & Cía.
En tanto Felipe Caro, Director Ejecutivo de la Fundación Chile Mejor, agregó que “durante mucho tiempo esperamos los procedimientos normales del propio Servel y se determinó que el alcalde había colocado una serie de carteles durante su campaña que no había declarado, por lo que le pasaron una multa. El tema es que el Servel omitió la segunda parte de la denuncia que hicimos y la cual ahora estamos peleando en el Tricel, que básicamente radica en que la sumatoria total de los carteles que puso el alcalde exceden en más del 50% de lo permitido por el Servel como gasto máximo dentro de la comuna”.
“Por ello, a lo que apelamos mediante nuestros abogados es buscar la destitución, que sea inhabilitado para poder ejercer cargos públicos durante cinco años y que no pueda presentarse a las próximas tres elecciones según lo establece la ley. El alcalde puso carteles por sobre los que efectivamente declaró, luego rectifica con montos que son francamente irrisorios y muy alejados de la realidad”, puntualizó Caro.
