Con preocupación y alarma fue recibida la noticia que 6 mil 425 personas fueron eliminadas de las listas de Garantías Explicitas en Salud (GES), hecho que motivó el malestar de la ONG maulina Coordinadora Nacional de Atención en VIH-Sida, que efectuó una denuncia formal a la Contraloría General de la República, solicitando una auditoria en profundidad al programa VIH-Sida del Ministerio de Salud.
Según las últimas proyecciones del Ministerio de Salud, las notificaciones de VIH-Sida en Chile describen una tendencia al alza que inquieta a expertos y activistas, ya que al menos unas 70 mil personas viven con VIH y de las cuales más de 30 mil se atienden el sistema público. El plan Nacional de VIH que impulsó el Gobierno en mayo pasado, dentro de sus objetivos se propuso identificar a las más de 25 mil personas que viven con este virus y desconocen su situación.
Sin embargo -según la Coordinadora-, a pesar de los anuncios y los esfuerzos desplegados por la autoridad de Salud, la situación se ha ido agravando a medida que se han conocido nuevos antecedentes. En tal sentido, menciona un reportaje televisivo “que ha encendido las alarmas y la preocupación en torno a la atención de Salud de miles de personas que viven con VIH y que fueron eliminadas de las listas con garantías GES; a través de una solicitud vía Ley de Transparencia, se pudo acceder a los registros de miles de usuarios con VIH que fueron borrados de los listados”.
Sostiene que de los más de seis mil pacientes borrados, 5.913 fueron exceptuados en etapa de diagnóstico en la atención primaria. Entre las causales que más se repiten, destacan la inasistencia, los contactos erróneos y personas postergadas por el mismo sistema de salud.
“Esto es algo muy grave, es inconcebible que seis mil personas sean eliminadas por presentar domicilios falsos o teléfonos que no corresponden. Aquí ha habido un incumplimiento de una garantía establecida en la ley, que ha expuesto a los afectados a situaciones que ponen en riesgo la salud y la integridad de la vida, por ello se requiere una investigación caso a caso para determinar en definitiva, si la excepción de la garantía GES trajo consecuencias para la salud de la persona afectada y determinar las responsabilidades que corresponda por una falta de diligencia por parte del personal clínico o administrativo del sistema de Salud”, señaló Michael Díaz secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Atención en VIH-Sida.
El dirigente informó que se ofició al Contralor General de la República, a fin que instruya una auditoria en profundidad a los programas de atención del VIH. “Este incumplimiento de la ley, solo profundiza la crisis del VIH-Sida en el país”, señala el escrito.
“Esta situación podría tener graves consecuencias para su Salud pública, ello porque los usuarios al no recibir una atención médica oportuna, han estado expuestos a padecer el debilitamiento de su sistema inmunológico, lo que pone en riesgo la salud y la calidad de vida de dichas personas, de ahí que sea razonable que el Estado tenga la obligación de reparar los daños causados y que la responsabilidad o la negligencia administrativa de los funcionarios involucrados deba ser aclarada”, sentencia el documento.
