La vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, afirmó este lunes que Chile “no puede transformarse en un Estado policiaco” y pidió no buscar soluciones a la actual crisis de seguridad pública “en estado de desesperación”.
“Hay un régimen de libertades públicas que hay que combinar con la seguridad, pero no nos podemos transformar en un Estado policiaco”, apuntó la magistrada del máximo tribunal chileno en entrevista con El Diario de Cooperativa.
Vivanco reconoció que el aumento de la violencia es una “urgencia”, pero indicó que “también existe la obligación de pensar bien las cosas y buscar soluciones que sean las más adecuadas y ponderadas, porque cada inserción en el sistema legislativo tiene efectos en otras materias”.
“Tenemos que ser un Estado donde se aumenten las medidas de seguridad, pero no uno en que los ciudadanos no tengan libertades… Esas combinaciones son finas, no es fácil hacerlas”, agregó.
De acuerdo con la Subsecretaría de Prevención del Delito, en 2022 se registraron 934 homicidios, lo que implica una tasa de 4,7 asesinatos por cada 100.000 habitantes -muy por debajo de la media regional- y supone un aumento del 34,33% con respecto al año anterior, cuando hubo 695 homicidios.
“(Chile) no es un Estado fallido (…) No estamos en un sistema donde la delincuencia ya no tenga control”, remarcó Vivanco.
Los asesinatos de los tres carabineros aceleraron la aprobación de la ley Naín-Retamal”, que da más margen de maniobra en el uso de armas de servicio y que establece que en caso de que un policía o militar utilice sus armas de servicio, se presumirá que han sido “correctamente empleadas” cuando actúen en defensa propia.
La norma, impulsada por la oposición y bautizada por sus detractores como “ley de gatillo fácil”, fue criticada por expertos penalistas y por Naciones Unidas.
La Fiscalía, por su parte, ordenó dictar prisión preventiva para los extranjeros indocumentados que sean detenidos por cualquier delito, medida conocida como “criterio Valencia”.
En tanto, el Gobierno confirmó el sábado pasado las 46 comunas que formarán parte del Plan Calles Sin Violencia impulsado por el Ejecutivo, para enfrentar la crisis de seguridad que se vive en gran parte del país.
