La Isapre Colmena anunció que decidió suspender las demandas contra los afiliados que previamente habían interpuesto recursos de protección contra la prestadora privada de salud para dejar sin efecto la tabla de factores.
Esto generó una seguidilla de consecuencias, sobre todo desde la autoridad sanitaria, y que desde la Superintendencia de Salud llegó a oficiar justamente a la Isapre para informar sobre la cantidad de beneficiarios demandados, los argumentos para hacerlo y los costos que tendría estos proceso; esto de la mano con la renuncia del gerente general de la prestadora, Felipe Galleguillos, la última jornada.
Por lo anterior, Colmena señaló a través de un comunicado que «hemos decidido suspender la notificación de las demandas y su tramitación a la espera que esta materia sea analizada por las autoridades competentes. A la fecha, ningún afiliado ha sido notificado», como también, indicaron que se solicitó una «reunión de urgencia» con el superintendente de Salud, Víctor Torres.
Además, explicaron que la decisión de demanda se realizó tras «un exhaustivo análisis financiero que da cuenta del riesgo operacional que se genera si los recursos para impedir la aplicación de la tabla de factores siguen creciendo a las tasas que lo han hecho en el último año», buscando que los tribunales declaren «el término de los contratos de salud de estos afiliados».
«Toda vez que dichos contratos han perdido validez en tanto no se puede determinar su precio sin aplicar la tabla de factores que estipula la normativa legal vigente. De esta forma, el afiliado queda en libertad de contratar un nuevo plan con la entidad que estime conveniente», agregaron, y aseguraron que respondieron a la necesidad «de hacer frente al grave escenario de incertidumbre jurídica» sobre la tabla de factores.
Como consecuencia, detallaron que de los aproximadamente 20 mil recursos de protección que se han presentado desde enero de 2021, «y en razón de las sentencias dictadas, se ha debido asumir un gasto aproximado de $1.900 millones en costas a pagar a los abogados que representan a los afiliados en dichos recursos y un menor ingreso anual por $6.700 millones. Dado el crecimiento exponencial que exhiben estos recursos, se estima que el año 2023 se pagarán costas por aproximadamente $5.000 millones y se sufrirá una merma anual de ingresos del orden de $24.500 millones».
Finalmente, apuntaron que «la decisión de interponer demandas tiene como propósito defender la sostenibilidad de la Isapre para dar cabal cumplimiento a los contratos que tiene suscritos con sus casi 400 mil afiliados y 700 mil beneficiarios. La responsabilidad de Colmena debe tener en vista a la totalidad de sus afiliados».
