Una multa del 10% de su remuneración recibió un funcionario de la Dirección Regional de Vialidad tras una investigación administrativa realizada en el Ministerio de Obras Públicas (MOP) por acoso sexual.
La medida fue criticada por parlamentarios de la zona, mientras desde Seremi indicaron que la determinación provino de nivel central.
Una funcionaria de la Dirección de Vialidad denunció a un inspector técnico fiscal de acoso sexual. Hechos que comenzaron en 2009 cuando la denunciante era nueva en el servicio.
Luego, en 2018, la trabajadora fue trasladada de área y piso, pero el acusado se paseaba por su oficina y la miraba de forma lasciva.
El acoso siguió con comentarios hacia su cuerpo y vestimentas.
De acuerdo con la denuncia, el inspector incluso la acorralaba en la fotocopiadora, en su oficina e intentaba tener contacto físico.
La afectada no denunció lo ocurrido en primera instancia para evitar tener problemas en su lugar de trabajo, pero eso mermó su salud mental. Tras asistir a la ACHS fue diagnosticada con “trastorno de adaptación”.
Finalmente, a través de una demanda de tutela laboral, el tribunal estableció que no se resguardó la separación de espacios entre la víctima y el denunciado por parte del Ministerio de Obras Públicas, por lo que deben indemnizar a la afectada con 10 millones de pesos por daño moral.
Por su parte, el MOP determinó aplicar una multa de un mes de remuneración contra el funcionario acusado. Decisión que criticó el senador socialista, Fidel Espinoza, estimando que el Ministerio debe tomar medidas más fuertes en estos casos.
El seremi de Obras Públicas, Juan Alvarado, afirmó que se tomaron medidas para que ambos funcionarios no se encuentren, trasladando al inspector técnico a la Dirección Provincial de Vialidad.
Sobre la multa al funcionario denunciado por acoso, afirmó que es el fiscal a cargo de la investigación el que determina las sanciones. Además, aseguró que hay mecanismos para proteger a los trabajadores.
Finalmente, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) no apeló a la determinación del tribunal laboral, por lo que se deberá efectuar el pago de los 10 millones a la funcionaria por daño moral.
