“El gran número de casos obliga a reforzar los esfuerzos intersectoriales para combatir la Trata de Personas en la Región del Maule”, dijo el encargado de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Talca, Félix Martínez, durante un taller que abordó el flagelo.
La jornada, que se llevo a cabo en Santiago, convocó a funcionarios públicos y representantes de agencias no gubernamentales.
“El 32% de las víctimas de Trata de Personas en Chile, se concentra en el Maule, según un catastro de la Mesa Intersectorial que lidera el Ministerio del Interior. La cifra representa la mayor cantidad de casos en el país y de allí la importancia de sensibilizar a la sociedad maulina”, agregó Martínez, quien ofreció un diagnóstico de la lucha contra el delito en Chile y las sentencias condenatorias.
Informes oficiales indican que el flagelo dejó 214 víctimas en el país entre 2011 y 2017, con un total de veinte personas condenadas en el mismo período. “El número de sentencias es mucho menor que el número de víctimas. Es necesario preguntarse qué está pasando en el camino”, precisó Martínez.
Por debajo del Maule, donde todos los casos corresponden a Trata con Fines de Explotación Laboral, aparecen las regiones de O’Higgins y Metropolitana, con un 27% y 26% del total nacional, respectivamente.
Para la secretaria ejecutiva de la Mesa Intersectorial sobre Trata de Personas, Fabiola Cifuentes, el encuentro que tuvo lugar en Santiago representó una oportunidad para mejorar las políticas públicas.
“Esta experiencia ha permitido sensibilizar a los jueces y rescatar las experiencias de otros países para la investigación y judicialización de los casos en Chile. El apoyo de OIM ha sido permanente en la política pública y esperamos continuar el trabajo conjunto a corto y largo plazo”, manifestó.
Chile forma parte de los seis países priorizados en un proyecto que coordina la OIM Colombia, con el apoyo del Departamento de Estado de Estados Unidos, con el objetivo de compartir buenas prácticas en la investigación del delito y los procesos de judicialización. La iniciativa también incluye a Perú, Ecuador, Brasil, Colombia y Bolivia y espera generar una red en Sudamérica, para luchar contra este crimen que trasciende fronteras.
