El Ministerio de Salud decidió modificar el reglamento que regula la aplicación de la ley de aborto en tres causales, con el fin de permitir que las instituciones que se declaran objetoras de conciencia puedan mantener convenios vigentes con el Estado, situación que el texto anterior prohibía.
Una resolución del Minsal publicada en el Diario Oficial recuerda que el 22 de enero el gobierno anterior aprobó el “Protocolo para la manifestación de objeción de conciencia personal y para la objeción de conciencia invocada por instituciones en el marco de lo dispuesto en el artículo 119 ter del Código Sanitario”, la que fue publicada con fecha 27 de enero de 2018.
Agrega que dicho documento “ha sido objeto de diversas interpretaciones jurídicas por parte de las personas e instituciones que deben implementarlo, lo que, en la práctica, podría traducirse en un riesgo para los derechos que se garantizan a las mujeres”.
Por esto, “se hace necesario modificar el Protocolo antedicho, aprobando uno nuevo, con el fin de garantizar el acceso a las prestaciones aseguradas“.
La resolución de la administración Piñera -firmada por el ministro Emilio Santelices- deja sin efecto el anterior reglamento y lo reemplaza por un documento denominado “Protocolo para la manifestación de objeción de conciencia según lo dispuesto en el artículo 119 ter del Código Sanitario”.
Al respecto, la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, dijo que “la despenalización del aborto en tres causales es una ley que se tiene que cumplir y respetar”.
“Con respecto al reglamento que hoy día se dio a conocer, se establece que -efectivamente- existen instituciones que pueden acogerse a la objeción de conciencia para no practicar aborto en estas tres causales, pero, si así lo hacen, a todas aquellas mujeres que deseen practicarse un aborto aduciendo estas tres causales, (les) deben hacer cumplir el protocolo correspondiente, que dice relación con derivaciones a otras instituciones de salud donde sí puedan, en tiempo concreto, acogerse a esta solicitud, con los respectivos gastos que esto implique, por parte de la misma institución que se acoge a la objeción de conciencia”, explicó la ministra Pérez.
