El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes (PS), admitió que está viviendo un «ingrato» momento en el cargo, debido al escándalo de los convenios que involucra principalmente a las secretarías regionales (Seremis) de la cartera que dirige, pero no habló de renunciar y afirmó que trabaja para fortalecer los controles anti corrupción.
Recordemos que la actual oposición lo acusa como el responsable político del Minvu, por las actuaciones de las Seremis bajo su mando, 11 de las cuales están denunciadas ante el Ministerio Público por acciones que podrían constitutir delitos, según expuso la semana pasada la Contraloría General de la República.
«Para mí es tremendamente ingrato porque yo estaba terminando mi vida política cuando me dijeron que viniera a tomar este cargo. Pero la verdad es que la responsabilidad es apoyar al Presidente, apoyar los programa de vivienda, con toda la fuerza y lo que uno pueda hacer, y especialmente ayudar a enfrentar los problemas de fondo para que se resuelvan pensando en el futuro», expresó Montes.
Asimismo, apuntó que está haciendo su trabajo con «harta seriedad». Con todo, «hay gente que le gusta hacer escándalo, pero estamos tratando de que esto no se repita para adelante», relevó el exsenador, enfatizando que «la manera de combatir la corrupción es tener mejores sistemas de control, de desarrollo y de trabajo, y en eso estamos».
Con 77 años, Montes -otrora senador, diputado y presidente de ambas cámaras- es el ministro de mayor edad del gabinete del Presidente Gabriel Boric.Los cuestionamientos al Gobierno, sobre el momento en que se enteró de las irregularidades del caso Democracia Viva, que destapó el escándalo de los convenios, se reabrieron este fin de semana luego de la entrevista de la diputada Catalina Pérez (RD, con militancia suspendida), quien dijo que había comunicado las sospechas una semana antes de que se conociera públicamente a través de la prensa.
«Quedan demasiadas dudas respecto de cuándo fueron las fechas efectivas en que las autoridades del Minvu se enteraron de esta situación, cuándo informó la subsecretaria de Vivienda de la época (Tatiana Rojas) al ministro Montes, cuándo se enteró La Moneda, qué sabía efectivamente Miguel Crispi (jefe de asesores de Palacio)», inquirió el diputado Eric Aedo, jefe de la bancada de la Democracia Cristiana.
«Frente a todas estas dudas, creo que las responsabilidades políticas tienen que ser asumidas en el Ministro de Vivienda y Urbanismo. Son el propio ministro Montes y el Presidente de la República quienes tiene que evaluar en profundidad si la permanencia del ministro Montes ayuda a salir de esta situación», instó.
En La Moneda, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, recriminó un aprovechamiento político dado que, a su juicio, la entrevista de Pérez no aporta ningún antecedente nuevo a la investigación.En paralelo, en la derecha se habla de la posible acusación constitucional contra Montes, que promueve el Partido Republicano. No obstante, en Chile Vamos toman cierta distancia de la idea.
«Yo he dicho que el ministro debería haber dado un paso al costado, también debería haber sacado a todos los seremis. Por supuesto que tiene una responsabilidad política, pero las acusaciones constitucionales se ganan con votos, se analizan por cada una de las bancadas, y es lo que estamos haciendo», dijo el diputado José Miguel Castro (RN), presidente de la comisión investigadora de la Cámara Baja sobre el caso convenios.
«No nos olvidemos que en algunos casos también republicanos no nos ha apoyado en cosas importantes, como fue la ley de usurpaciones. Y en ese sentido primero tenemos que conversar si existen los votos de centro y de toda la derecha para tomar una acción de ese tipo», advirtió.
