La mañana del pasado jueves, el Presidente de la República, promulgó la Ley de Royalty Minero, iniciativa aprobada por el Congreso el 17 de mayo luego de más de cuatro años de tramitación.
El proyecto establece un nuevo esquema tributario para los explotadores mineros que produzcan más de 50.000 toneladas métricas de cobre fino (TMCF) al año, que considera un impuesto ad valorem de 1% sobre las ventas anuales de cobre; y un componente sobre el margen minero con tasas entre 8% y 26% según margen operacional.
Además, se fijó una carga tributaria potencial máxima entre 45,5% y 46,5% dependiendo del volumen de producción. Al respecto el ministro de Hacienda, Mario Marcel, señaló que esta iniciativa genera mayor certeza impactando positivamente en las inversiones.
Según el ministro, “la tarea probablemente más importante es gastar bien los recursos, generar los proyectos en los cuales se puedan invertir estos fondos para que rindan beneficios a la comunidad. Y asegurar que se ejecuten con toda la transparencia, el cumplimiento de las normas y rendición de cuentas que corresponden”.
Desde Hacienda destacaron que en el último catastro de la Corporación de Bienes de Capital a junio de 2023 la inversión proyectada en minería para el quinquenio 2023-2027 se elevó a US$15.440 millones.
Ese monto supera a la proyección del primer trimestre de 2023 en US$7.773 millones, principalmente por el ingreso de nuevas iniciativas tras la aprobación del proyecto.
La nueva estructura impositiva -Royalty a la Gran Minería- empezará a regir a partir del 2024 y, en régimen, espera recaudar 0,45% del PIB (equivalente a aproximadamente US$1.350 millones), de los cuales US$450 millones serán distribuidos directamente para impulsar el desarrollo productivo de las regiones y comunas en todo el país.
