La ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió durante su presentación en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, a la controversia que generaron -en algunos sectores- sus dichos en torno al actuar de Carabineros en el caso de San Antonio.
Se trata de lo sucedido el pasado sábado, cuando un joven de 19 años murió baleado por un policía, que -según los antecedentes iniciales- repelió un intento de atropello que dejó a un tercer carabinero hospitalizado.
La secretaria de Estado aseguró que se debe resolver en qué momento y por qué razón se realizó el o los disparos con una subametralladora UZI, lo que fue leído por la oposición y parte de la institución de Carabineros, como una “quitada de piso”.
Parlamentarios de oficialismo y el ministro de Justicia, Luis Cordero, explicaron que la jefa del gabinete solo explicó las posibles hipótesis por las cuales el efectivo, que está en libertad, pudo haber obrado conforme a la ley, o en contra de ella.
Tohá: Nunca le he faltado el respeto a las FFAA ni a Carabineros
En esa línea, Carolina Tohá señaló que nunca le ha faltado el respeto a las Fuerzas Armadas ni a Carabineros, y que cada vez que se habla de la falta de apoyo a estas instituciones, se les termina debilitando.
“Esta ministra nunca le ha faltado, nunca ni ahora ni antes, ni siquiera en dictadura, el respeto a las Fuerzas Armadas ni a Carabineros. Pero siempre, y en todo tiempo, hemos planteado que estas deben someterse a la ley”, sostuvo.
“Haríamos muy mal, y no damos ningún apoyo a las policías, si damos a entender que la Ley Naín-Retamal es una Ley que sirve para cualquier cosa, eso no es apoyar a las policías”, añadió la ministra Tohá.
“Si este procedimiento se hizo bajo esta ley o no es algo que juzgue este Ministerio, ni tampoco el parlamento, es una tarea que hacen entre la fiscalía y el juez, quien es quien lo establece. Nuestro rol como Ministerio es ser muy claros en que las policías cuentan con nuestro apoyo, en el marco de su actuación legal”, insistió.
“Cuando se les entrega la señal de que la Ley se debe cumplir, no se les está quitando el apoyo, se les está apoyando como se debe y como corresponde, como estamos mandatados todos nosotros a hacerlo”, fustigó.
Las críticas tras la muerte de joven en San Antonio
Para el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, fue un día de señales. No solo sostuvo que no podía comentar los dichos de su superiora -la ministra Tohá-, sino que -en medio de una visita a la comisión de Inteligencia en Valparaíso- se reunió con el efectivo que mató al joven de 19 años, utilizando una subametralladora UZI.
Yáñez aseguró algo que debe ser resuelto todavía por la Justicia: Que el carabinero usó su arma “durante un intento de atropello que pudo haber terminado con la vida de su camarada”.
Álvaro Toro, el padre de David Toro, el adolescente abatido por el carabinero, acusó uso desmedido de la fuerza y señaló que emprenderá acciones legales, como informó el periódico ‘Líder de San Antonio’.
El hombre sostuvo que su hijo “no andaba cometiendo delitos” y la víctima habría intentado arrancar por no tener los papeles del vehículo al día.
El diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper, sostuvo que la Justicia debe pronunciarse y llamó al Gobierno a no comentar estos casos, evitando dar señales ‘en cualquier sentido’.
Reglas de Uso de la Fuerza
Esta controversia, que también considera el primer caso en que un funcionario puede acogerse a la ley Naín Retamal, se da en el marco del ingreso del proyecto de Reglas de Uso de la Fuerza.
La idea es normar el uso de la fuerza para el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, como también de las Fuerzas Armadas cuando acudan a tareas de resguardo del orden público.
La iniciativa establece deberes, grados de resistencia y agresión, etapas en el uso de la fuerza y los principios para utilizarla. Aquí aparece el debate sobre la proporcionalidad y la racionalidad, del momento en que un militar o carabinero dispara contra una aparente amenaza.
El diputado de Amarillos, Andrés Jouanett, afirmó que el principio de proporcionalidad tiene problemas, porque la respuesta del efectivo -a diferencia de su posible agresor- será siempre con un arma de fuego.
El oficialismo considera esta iniciativa un complemento -y también un contrapeso- de la ley Naín Retamal, en los pasajes en que esta normativa pueda entregar un marco de acción demasiado amplio, para eximir de responsabilidad a las policías.
El diputado del Partido Comunista, Matías Ramírez, indicó que la utilidad principal de la iniciativa es generar un marco de control de los actos funcionarios, reconociendo que a veces pueden terminar con la vida de una persona.
La oposición escogió analizar el proyecto antes de comentarlo, durante la tarde noche del lunes. De las primeras revisiones, La Radio accedió a un punteo que muestra dudas.
Dicen que el Gobierno no incorporó las recomendaciones del bloque y no se consensuaron bases técnicas en común con la derecha, criticando que solo hay principios y no una regulación legal.
Otro punto que asoma como un posible conflicto es el de competencias de la Justicia sobre este actuar, buscando conocer si la Justicia Militar podría involucrarse.
Incluso, la tramitación por comisiones está en debate. Un sector del parlamento y el propio gobierno, quieren que pase por los comités fusionados de Seguridad y Constitución, pero legisladores de la comisión de Defensa exigirán que llegue a esa instancia.
