Este viernes, la vicepresidenta de la República, Carolina Tohá, se refirió a la advertencia de acusación constitucional en su contra que está condicionada a la expulsión de 12 mil migrantes.
«Se va a exponer a una acusación constitucional que nosotros vamos a presentar y que vamos a defender con mucha convicción, dado a que ha sido absolutamente ineficiente el trabajo que ha hecho en materia de seguridad pública”, dijeron parlamentarios de Renovación Nacional.
Al respecto, en la región de Tarapacá, desde donde se inauguró un nuevo puesto de control fronterizo, la titular de Interior destacó que el Gobierno está tomando medidas para enfrentar esta problemática.
“Las estamos haciendo por compromiso con los chilenos y las chilenas con su seguridad, con su bienestar, las estamos haciendo por compromiso con Chile. No las estamos haciendo ni las haremos porque nos amenazan”, dijo.
Agregando que “me ha pasado varias veces en la vida recibir amenazas. Las recibí en alguna época en dictadura, las recibí de parte de grupos radicales siendo alcaldesa, las recibí de grupos de presión siendo diputada”.
Aún así, aseguró, “pero nunca me había pasado recibir amenazas de autoridades electas democráticamente, nunca. Espero que sea la última vez (…) efectivamente tenemos que mejorar en materia de expulsiones, no porque haya amenazas, sino porque es una necesidad”.
“Nuestro Gobierno ha hecho varias cosas en esa dirección, hemos aprobado dos proyectos de ley para mejorar las condiciones en que quedó el proyecto de migraciones que se aprobó en la administración anterior”, añadió.
En concreto, dijo Tohá, “uno para agilizar los procesos de notificación, otro para dar más tiempo a los servicios particularmente al organismo contralor que es la PDI para poder llevar adelante la expulsión”.
“También para mejorar las condiciones de control de identidad que se hacen las personas que están de manera irregular”, concluyó.
