Desde La Moneda, la ministra Carolina Tohá se refirió al megaoperativo de allanmientos -realizado este miércoles- en el caso del exteniente Ronald Ojeda, en diferentes comunas de la región Metropolitana.
En ese contexto, la titular de Interior abordó cómo está la relación con Venezuela y reiteró el respaldo al trabajo del fiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Sur y coordinador del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Héctor Barros, en esta indagatoria.
Recordemos que el persecutor, esta jornada, reafirmó la tesis de que existiría un vínculo entre el secuestro, con posterior homicidio, y el régimen de Nicolás Maduro.
“Lo hacemos con mucha responsabilidad en base a los antecedentes que hemos reunido en la investigación (…) dije que estaba organizado desde allá y estaba organizado, en este caso, por el gobierno (de Venezuela)“, sostuvo Barros.
Consultada al respeto, Tohá explicó que “se respalda el trabajo del fiscal Barros, nosotros aquí no hacemos tesis. Nosotros respaldamos un trabajo bien hecho, investigativo, dirigido por el fiscal y llevado adelante- varias instituciones del Estado”.
En cuanto a cómo está la relación con dicho país, la secretaria de Estado respondió que “es conocida nuestra posición en esto. No fue Chile el que decidió bajar la presencia de las misiones diplomáticas, o disminuir el trabajo consular, fue el gobierno venezolano el que tomó esa definición”.
“Nunca por el hecho de tener relaciones diplomáticas, Chile se ha privado de dar las opiniones que tiene en relación con los principios democráticos, a los derechos humanos, pero no consideramos que romper relaciones con otros Estados sea una buena fórmula para resolver diferencias de ningún tipo, sobre todo cuando hay tantos nacionales chilenos viviendo allá y muchos más venezolanos viviendo acá”, complementó la ministra.
Agregando que “este no es un buen momento de estas relaciones, pero Chile va a hacer operar la justicia, operar los estándares democrátisiempre, nunca va a renunciar a eso”.
Lo anterior, djio, buscando “siempre que haya relaciones que permitan no afectar a la población y hacer funcionar nuestras tareas básicas, nuestras obligaciones con la ley, con el cumplimiento de las definiciones judiciales, con las expulsiones administrativas, con los derechos de las personas migrantes, con los trámites que ellos necesitan hacer cotidianamente y que hoy día se ven muy afectados por esta problemática”.
