En ocho días, la megatoma de San Antonio deberá ser desalojada, según lo dictaminado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, tras una serie de resoluciones y aplazamientos desde 2023, cuando se acogió el recurso de amparo de los propietarios. El jueves 27 de febrero es el plazo definitivo para que las familias abandonen el terreno, aunque el Gobierno explora alternativas que les permitan regularizar su situación. Una de las opciones es que los vecinos, a través de cooperativas, puedan adquirir los terrenos a la inmobiliaria San Antonio, cuyos representantes han manifestado estar abiertos a negociaciones, aunque la alternativa más discutida ha sido la venta del terreno a 0,69 UF por metro cuadrado. El ministro de Vivienda, Carlos Montes, se reunirá el lunes con los dueños para intentar ganar más tiempo y evitar el desalojo.
La megatoma, que abarca 257 hectáreas en los terrenos «Hijuelas-Llolleo» y «Parcela Coterce», alberga a casi 10.000 personas distribuidas en cinco campamentos: «Centinela», «Vista Hermosa», «Aguas Saladas», «Manuel Bulnes» y «Fuerza Guerrera». Desde 2019, las familias se han asentado y organizado para dividir los espacios y construir sus viviendas, muchas de ellas levantadas con recursos provenientes de bonos y retiros de fondos durante la pandemia. La comunidad ha implementado fosas sépticas ante la falta de alcantarillado y ha logrado acceso a electricidad mediante pagos a Chilquinta. Según un catastro del Minvu de agosto pasado, la mayoría de los habitantes son chilenos jóvenes, aunque un 19% son extranjeros, un 33% son menores de edad y más del 70% de las familias se encuentra en situación de alta vulnerabilidad.
A pesar de la organización comunitaria, la toma enfrenta diversas problemáticas, entre ellas la venta informal de terrenos por parte de algunos ocupantes, lo que ha generado tensiones internas. Además, el informe del Minvu destacó que, a diferencia de otros asentamientos informales en el país, en este predominan los hombres sobre las mujeres. Mientras el Gobierno intenta mediar en busca de una solución que evite el desalojo forzoso, los habitantes temen perder el lugar que han construido en los últimos años, lo que mantiene la incertidumbre en la comunidad.
