Actualmente, son más de 540 mil personas que dejaron de pagar el Crédito con Aval del Estado (CAE) en 2023. Es por esto que el Estado debió usar US$300 millones para responder como aval de morosos.
Según consignó El Mercurio, lo anterior tiene como causas un deterioro en la economía, promesas de campaña presidencial y también una ley de prohibición respecto a informar sobre deudas educacionales.
Si bien hace 6 años, en 2017, los deudores del CAE egresados estaban al día, durante el año pasado se incrementó por primera vez el atraso en los pagos.
Pero ¿a qué se debe? Según un informe de la Dirección de Presupuestos, una de las razones está vinculada a los efectos económico tras la pandemia de Covid-19.
Además, destaca la promulgación de una ley que establece la prohibición de informar sobre las deudas adquiridas para financiar la educación. Así, la ley N° 21.214 entró en vigencia el 2020.
En el mismo medio antes citado, el director ejecutivo de Acción Educar, Daniel Rodríguez, identificó tres tipos de morosidad: desertores del primer diseño del CAE, quienes no pagan ni se acogen a las suspensiones de pago, y los morosos que esperan la condonación total de la deuda del CAE.
Este último grupo sería el que ha crecido recientemente, tras la promesa de campaña del presidente Gabriel Boric.
Aún así, se debe precisar que entre los casi 900 mil deudores de préstamos de educación con CAE, la Comisión Integra identifica 2 categorías: quienes egresaron y quienes dejaron la carrera previo a terminarla.
Entre el primer grupo es donde más se ha marcado la diferencia. Si bien a finales de 2017, el porcentaje de quienes no pagaron se situaba en 29%. Ahora, tras concluir el 2023, el porcentaje de mora se ubica en 54%.
