El ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, ha optado por la representación de la Defensoría Penal Pública, un movimiento que habría estado motivado por razones económicas. Aunque este organismo ofrece servicios jurídicos gratuitos para ciertos casos, Monsalve deberá pagar honorarios debido a su capacidad de financiar una defensa privada. Según la normativa, el costo podría alcanzar hasta $3,2 millones dependiendo del desarrollo del proceso, además de gastos asociados a diligencias y peritajes previos. Su nuevo defensor, Víctor Providel, enfrentará su primer desafío significativo el próximo 7 de enero, cuando Monsalve deberá declarar en el marco de las acusaciones por delitos sexuales.
El nombramiento de Providel como defensor se oficializó el 20 de diciembre, tras la salida de los abogados Lino Disi y Cristián Arias, quienes dejaron la causa en medio de tensiones internas y diferencias con Monsalve. Según fuentes cercanas al caso, la relación entre Monsalve y su anterior equipo legal se había deteriorado significativamente, lo que sumado a los elevados costos asociados al caso, motivó el cambio. Providel debutó el 23 de diciembre en una reunión con los fiscales Xavier Armendáriz y Francisco Jacir, acordando la postergación de diligencias clave como el alzamiento del secreto bancario y la declaración del ex subsecretario.
Si bien Monsalve está conforme con la experiencia y trayectoria de Providel, algunos de sus cercanos consideran que podría ser más conveniente contratar un abogado particular debido a la dependencia administrativa de la Defensoría Penal Pública con el Estado. Sin embargo, la sólida trayectoria de Providel, con más de 20 años de experiencia en distintas regiones del país, refuerza la confianza en su capacidad para llevar adelante una defensa efectiva. En este escenario, el caso de Monsalve no solo representa un desafío legal y mediático, sino también un examen clave para su nueva estrategia judicial.
