Este martes el Senado aprobó de manera unánime la denominada Ley Antonia, que busca mejorar las garantías de los procesos judiciales y proteger los derechos de las víctimas de delitos sexuales y evitar su revictimización.
Los parlamentarios y parlamentarias respaldaron la iniciativa de incorporar al Código Penal un Estatuto de Garantía para robustecer medidas que permitan, por ejemplo, la designación de personal capacitado en formación de género para abordar este tipo de casos.
El proyecto considera además la incorporación de mecanismos para la protección de datos personales y que garanticen un enfoque intersectoral, con perspectiva de género, además de evitar la revictimización y cuestionamientos a la vida privada de las víctimas.
Además esta eventual nueva ley insta a los jueces a prohibir preguntas “que lesionen la dignidad de la víctima“, dentro de los procesos legales que deba enfrentar, con el fin de otorgar un “trato digno y resguardando la vida, la integridad física, y la indemnidad sexual de las víctimas”.
La normativa también considera un aumento de la condena para aquellos agresores que induzcan el suicidio de las víctimas.
Esto último, en respuesta al caso de Antonia Barra, quien se quitó su vida en 2019 luego de haber sido víctima de violación -presuntamente- por parte de Martín Pradenas, quien hasta ahora solo ha recibido medidas cautelares.
