Por Emmett Brown
La agricultura primaria, es aquella que se ocupa de la fase inicial de producción agrícola y de la producción de materias primas directamente de la Tierra.
En esta fase encontramos la siembra de cultivos, como cebollas y ajos, la cría de animales para la producción de alimentos como carne y leche, entre otras.
Desarrollar la producción primaria es un desafío básico para un país agrícola, como Chile.
Así, tendríamos garantizada nuestra seguridad alimentaria, asegurando a la población el acceso físico y económico a alimentos suficientes, seguros y nutritivos. Así funcionó en el pasado.
Sin embargo, en el país de hoy, no hemos sido capaces de definir e implementar una política de desarrollo agrícola y alimentaria de manera sostenible, buscando evitar una dependencia excesiva de las importaciones, promoviendo prácticas agrícolas socialmente justas, económicamente viables y respetuosas del medio ambiente.
Lo que debería ser una agricultura potente y desarrollada, no es sino todo lo contrario: estamos frente a una actividad deprimida, que no cuenta con una visión de Estado que permita primero levantarla y luego consolidarla, apoyando a los productores con instrumentos que sean reales facilitadores de la agregación de valor a la producción.
En Chile, en lugar de definir una política pública para la agricultura primaria, desde hace algunos años esta se ha venido destruyendo por favorecer las exportaciones de fruta, llegando incluso a poner en riesgo nuestra seguridad alimentaria.
La responsabilidad del Estado en esta materia es ineludible, pero las señalas de la clase política son indesmentibles y aterradoras: nombramientos de ministros de agricultura vinculados a las transnacionales y la defensa de sus intereses, como Antonio Walker durante el gobierno de Sebastián Piñera, o ingenuos e ignorantes en la materia, como Esteban Valenzuela, en la actual administración, dan cuenta de que a los gobernantes les importa poco la alimentación de los chilenos.
A los legisladores, tampoco parece importarles la crisis de la agricultura primaria ya que no se conoce iniciativa alguna destinada a modificar la legislación vigente, que permite distorsiones de mercado que forman parte de una compleja trama en favor de los intereses de unos pocos, como Iansa, Soprole o Nestlé, en perjuicio de muchos, como los productores y los consumidores.
En simple, al productor le imponen bajos precios de compra de sus productos y al consumidor le cobran caro en el supermercado.
En consecuencia, lo que se requiere para enfrentar la crisis actual y de la que se habla muy poco, es tomar medidas desde el Estado: impulsar políticas públicas destinadas a favorecer a los productores y terminar con una legislación que permite los abusos. Ese es un buen punto de partida.
Como vengo del futuro, les cuento lo que vi: como está implementado el sistema, todas las actividades subsidiadas hipotecan el futuro de las generaciones venideras.
Cuando subsidiamos algo, lo estamos vendiendo por debajo de su valor real y estamos endeudando al país, distorsionando la realidad.
Y, por si fuera poco, aunque el subsidio lo reciba el productor, en definitiva, termina en el bolsillo del que le compra, generalmente una transnacional.
Cualquier medida que se tome, no tiene sentido sin que se ataquen primero las distorsiones.
Cómo va a ser tan difícil legislar en favor de los agricultores, protegiendo su principal derecho: que se les pague un precio justo por producir alimentos para los chilenos.
Una buena legislación, que le de facultades reales a las instituciones de velar por la libre competencia, que contemple sanciones ejemplares para los infractores y que fortalezca a la Fiscalía Nacional Económica (FNE), es el camino para salir de la crisis, para cuidar el modelo y para contribuir a disminuir el descontento social provocado por los abusos de unos pocos, en desmedro de todos nosotros.
Por Emmett Brown
