Lo anterior en virtud de las nuevas informaciones que han surgido de esta controversia, respecto a que el cargo se había designado en primera instancia al defensor penal público de Rancagua, Alberto Ortega, y luego se cambió por el nombre de Toledo, de acuerdo a lo señalado por Contraloría.
Ante esto, Kast indicó que “lo que nos preocupa hoy día, es que al término de este gobierno la Presidenta de la república esté usando el mismo gobierno para, eventualmente, encubrir algún ilícito en el cual pueda estar involucrado su propio hijo, y esto es muy grave… aquí, lo que hemos visto en la nominación de notarios, es un escándalo”.
Al concluir, el ex militante de la UDI, enfatizó que “nosotros no estamos diciendo que se haya cometido un delito, pero necesitamos que una autoridad superior investigue y quién es la autoridad máxima en este caso para poder enfrentar una investigación que involucraría a la Presidenta de la República y a un ministro de Estado, ni más ni menos que el ministro de Justicia, es el fiscal nacional».
