El intendente Pablo Milad, concurrió hasta la Fiscalía Regional del Maule para entrevistarse con el fiscal regional, Mauricio Richards, a quien solicitó formalmente la apertura de una investigación por la ocurrencia de eventuales delitos, en lo que estarían comprometidos millonarios recursos estatales, durante el proceso de habilitación e implementación del nuevo edificio del Gobierno Regional (GORE) del Maule, situado en la esquina de 1 Norte con 1 Poniente, frente a la Plaza de Armas de Talca.
Al término de la reunión con el fiscal Richards, el jefe del ejecutivo maulino ofreció una concurrida rueda de prensa en las afueras de la Fiscalía Regional, donde explicó que esta denuncia se basó en un informe de Contraloría que constata una serie de graves faltas administrativas, como modificaciones de contratos que pasaron de 24 millones a 224 millones de pesos; el pago de una tarima de 92 metros cuadrados por 22 millones de pesos que termino midiendo sólo 78 metros cuadrados; o la ausencia de boletas de garantía en determinados procesos, entre otras serias irregularidades que podrían constituirse en delito.
“Resulta impresentable que en torno a este proyecto hayan ocurrido una serie de situaciones que están al límite de la legalidad y que, por ende, es oportuno que sean conocidas por la Opinión Pública y la Fiscalía para, en virtud de ello, iniciar las investigaciones correspondientes”, aseveró el intendente Milad.
REPARACIONES SOBREVALORADAS
Según el revelador informe de la Contraloría, el Gobierno Regional (GORE), contrató a una empresa para los servicios de mantención, reparación e instalaciones menores en el edificio en cuestión, por una suma de 20 millones de pesos, sin embargo en el transcurso de al ejecución del contrato, modificó partidas y en definitiva, desembolso más de 240 millones de pesos, superando en más de 10 veces el monto adjudicado.
“Ello da cuenta que aquí se actuó vulnerando importantes normas de contratación pública y de control de legalidad en materia de contratos, que eventualmente podrían ser constitutivas de delito”, enfatizó Milad.
TARIMA EXTRAÑA
Otro hecho revelado por el órgano contralor en su informe es que el GORE pagó a la misma constructora la suma de 22 millones 223 mil 450 pesos por la confección de una tarima para el Consejo Regional (CORE).
Dicho contrato contemplaba una tarima de 72 metros cuadrados, por la suma de 13 millones 280 mil 400 pesos, sin embargo posteriormente el contrato fue ampliado por “trato directo” por 8 millones 943 mil 50 pesos para aumentar en 20 metros cuadrados la tarima, es decir un total de 22 millones 223 mil 450 pesos para una tarima de 92 metros cuadrados.
Pero al medir la tarima final la Contraloría determinó que medía apenas 78 metros cuadrados, no justificándose en consecuencia el monto pagado con los metros efectivamente construidos.
“Todas estas faltas se ven aún más enredadas cuando la propia Contraloría, con el reconocimiento expreso del Jefe de División y Finanzas de aquel entonces, constató que dentro del contrato no se exigieron boletas de garantía al proveedor, no se celebró contrato, no existió contraparte técnica que vigilara la ejecución del contrato, estableciéndose una relación de excesiva confianza”, sostuvo el jefe regional.
CONTRATO A LA HERMANA
A todo lo anterior se suma el hecho que el mismo Gobierno Regional aparece contratando, vía trato directo el día 29 de diciembre de 2017, el servicio de coctelería para la inauguración del edificio del GORE a la hermana del cuestionado proveedor por 8 millones de pesos.
En esto resulta llamativo no solo la fecha de la contratación, pues la inauguración del inmueble fue el 27 de febrero de 2018 –casi dos meses después-, sino que también el monto de la contratación.
Del mismo modo llama la atención que la proveedor tuvo otros trece tratos directos entre abril de 2016 y diciembre de 2017, por una suma total superior a los 48 millones de pesos y, que al 29 de diciembre de 2017, únicamente le hubiese emitido facturas como proveedor al Gobierno Regional del Maule.
“Ante la gravedad de los hechos expuestos, creo oportuno que se lleve adelante una profunda investigación para determinar las eventuales responsabilidades de quienes corresponda. Con estos, además, queremos dar un mensaje a todos los gobiernos regionales para que los recursos realmente lleguen a la gente que más lo necesita, porque nosotros trabajamos para hacer un Chile mejor y no servirnos del gobierno, sino que servir al gobierno”, puntualizó el intendente Pablo Milad, quien finalmente indicó que la investigación fue acogida por el Fiscal Regional, determinándose ordenar a la PDI que inicie de inmediato las diligencias correspondientes.
