La Corte Suprema condenó al Fisco a pagar una indemnización de 40 millones de pesos a un imputado por violación. Los resultados de la prueba de ADN debían llegar en 10 días, pero eso no pasó: estuvo casi tres meses preso por un crimen que no cometió.
Era la madrugada del 20 de enero de 2013, cuando a D.P.V.C. abordó un taxi colectivo de la línea 21 de La Serena. La joven estaba de vacaciones y había salido a bailar con unas amigas, las mismas que la fueron a dejar al paradero. Los deseos era que volviera a casa sana y salva, pero eso no pasó..
Mientras iba de copiloto, el chofer se salió del recorrido, se dirigió a un sitio eriazo y la amenazó con algo que parecía ser un arma de fuego. Debía entregar su teléfono y dinero.
Una vez más la intimidó. Le apuntó a la cabeza con aquello que podía ser una pistola y -pese a la resistencia de la víctima- la violó.
Ella fue subida por la fuerza de nuevo al colectivo, él le exigió nuevamente que le entregara sus artículos de valor: su celular y 3 mil pesos en efectivo.
Forcejearon y la víctima pudo escapar y presentar la denuncia correspondiente.
El proceso
Según consta en la ficha del caso publicado por la Defensoría Penal Pública, cuando la afectada acusó el hecho, no recordaba detalles del rostro del imputado, sólo características generales como estatura, color de pelo y contextura física.
Pese a ello igualmente la policía elaboró un retrato hablado del supuesto agresor. A ello sumó otros detalles: el automóvil donde sufrió la agresión sexual tenía mala su bocina y pertenecía a la línea de colectivos N°21.
Con este último antecedente, la policía obtuvo las fotografías de todos los choferes que se desempeñaban en la empresa de transportes indicada.
Entre ellas estaba la foto de Adrián Zarricueta Toro, quien desde hacía seis meses ya no se desempeñaba como conductor debido a que prestaba servicios para una empresa constructora en el norte del país, pero que fue reconocida por la joven víctima como su agresor.
Estaba 90% segura, dijo, lo que dio inicio a un proceso legal que terminó con el acusado entre las rejas. Fue formalizado por el delito de robo con violación y debió permanecer 79 días en prisión preventiva.
La prueba que lo dejó libre
Pese a la acusación, Zarricueta se mantuvo firme en su inocencia. El mismo día de su formalización, el 29 de julio de 2013, accedió a la extracción de material genético para la realización del examen de ADN.
Por instrucción de la Fiscalía, con igual fecha, la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones fue la responsable de las pruebas y se les otorgó un plazo de 10 días para su realización, algo que estuvo lejos de cumplirse.
Los resultados recién llegaron el 7 de octubre. Eran esclarecedores: se descartaba la coincidencia de material genético hallado en la víctima y sus vestimentas con aquel extraído del acusado.
Adrián Zarricueta Toro era inocente.
En virtud del nuevo antecedente, el 15 de octubre de 2013 el fiscal a cargo de la investigación no tuvo más remedio que solicitar una audiencia para la revisión de la prisión preventiva del imputado, actuación que se concretó el 16 de octubre de 2013, cuando se dispuso su libertad.
Tras su liberación, la PDI logró dar con un vendedor de celulares que resultó ser el autor del robo con violación de la que fue víctima D.P.V.C.
El proceso judicial
Así las cosas, en 2016 Zarricueta ingresó a “Proyecto Inocentes”, de la Defensoría Penal Pública, iniciativa que busca la reparación económica de aquellos inocentes que cayeron a la cárcel por error del Estado.
La lucha judicial se extendió por varios años, hasta que recientemente la Corte Suprema le dio la razón al afectado.
Según se desprende del fallo, la Tercera Sala del máximo tribunal estableció la responsabilidad del Estado por el actuar deficiente y pasivo que tuvo el el Ministerio Público durante el plazo de investigación; la excesiva demora en la entrega del examen de ADN que resultó exculpatorio, y al solicitar audiencia para revocar la prisión preventiva, una vez que tuvo el informe en su poder”.
“Fue largo el proceso, pero teníamos confianza. Se dice que uno es inocente hasta que se compruebe lo contrario, pero en mi caso no fue así. Siento que la Fiscalía debe investigar mejor”, cuenta hoy Adrián Zarricueta, en un comunicado difundido esta tarde por la DPP y la Fundación Pro Bono.
Por todo esto, el Fisco deberá pagar una indemnización de 40 millones de pesos a un inocente que conoció la cárcel por error.
