En un nuevo capítulo del Caso Convenios, la Policía de Investigaciones (PDI) ejecutó este miércoles un amplio operativo que incluyó el allanamiento del domicilio de Alberto Larraín, cofundador de la Fundación ProCultura. La diligencia, autorizada por el Séptimo Juzgado de Garantía, se llevó a cabo en el marco de las indagatorias lideradas por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper.
Entre los hallazgos más relevantes del operativo, destaca la incautación de dispositivos electrónicos de Larraín, como su teléfono celular y computadores. Estos elementos podrían contener información crucial para esclarecer las irregularidades denunciadas en torno a los convenios suscritos por ProCultura.
Además del domicilio de Larraín, las autoridades allanaron otras 13 propiedades en Santiago y Concepción, logrando incautar el servidor de la fundación, el cual había sido reportado como perdido.
Cabe recordar que tanto Larraín como María Constanza Gómez, representante legal de ProCultura, fueron llamados a declarar ante la fiscalía, pero ambos se acogieron a su derecho a guardar silencio.
Este caso ha cobrado relevancia nacional debido a las vinculaciones con la ex Primera Dama, Irina Karamanos, y sus presuntas transferencias de fondos a ProCultura. Un peritaje de la PDI reveló cinco depósitos realizados por Karamanos a la cuenta de la fundación, lo que ha generado sospechas sobre la devolución de recursos obtenidos de manera irregular.
La abogada Susana Borzutzky, quien representaba a ProCultura y a sus principales directivos, renunció a la defensa de la organización en medio de las crecientes polémicas.
En tanto, las investigaciones continúan avanzando a paso firme. Personal especializado de la PDI se encuentra analizando el contenido del servidor incautado, así como las nubes de almacenamiento asociadas a los convenios suscritos por ProCultura.
