El Gobierno decidió poner discusión inmediata al proyecto Aula Segura, que faculta a los directores de liceos a expulsar a alumnos involucrados en hechos de violencia. Actualmente la iniciativa se encuentra en primer trámite, en la comisión de Educación del Senado, con urgencia suma (15 días), la que expira cerca de fin de mes.
La ministra de Educación, Marcela Cubillos, adelantó a El Mercurio que “el Presidente ha decidido ponerle discusión inmediata. No puede haber educación de calidad con profesores agredidos, estudiantes amenazados y apoderados con temor“. El anuncio se realizará este lunes en una actividad conjunta en Renca.
Con la discusión inmediata, el proyecto debe ser despachado durante la presente semana. Así, se debería someter al menos a votación en general en la comisión y en Sala para posteriormente continuar con su debate en particular.
El proyecto ingresó a trámite hace aproximadamente un mes. Durante ese tiempo ha enfrentado una fuerte controversia de parte de la oposición en la comisión de Educación. Su presidenta, Yasna Provoste (DC), ha sido una de las parlamentarias contrarias al contenido del texto.
Para el Ejecutivo ha existido una excesiva dilación del debate, reflejado en las más de cincuenta audiencias programadas para escuchar las exposiciones a favor y en contra de la iniciativa. Al estar con urgencia suma, reglamentariamente eso es posible, sin embargo, al colocarle discusión inmediata, la comisión deberá apurar y acotar las intervenciones, o reducirlas.
Del mismo modo que el Ejecutivo anunciará discusión inmediata, la ministra de Educación también anticipó el contenido de la indicación que someterán a votación de los senadores. “Siempre lo hemos dicho: el Congreso no es un buzón y los proyectos se deben discutir y mejorar durante la discusión. Con ese espíritu ingresaremos una indicación que aclara las dudas planteadas por algunos senadores en materia de debido proceso”, explicó Cubillos.
“Pero -añadió la ministra- que al mismo tiempo mantiene sin cambios la esencia del proyecto que es la facultad del director de expulsar y separar de inmediato de la escuela al alumno que incurre en hechos de violencia grave que ponen en peligro a toda su comunidad”.
