Desde hace unos días el Gobierno dio a conocer que se encuentra trabajando en un proyecto de ley que busca regularizar la situación de los denominados funerales narco, a raíz de la polémica situación que provocó gran preocupación entre los vecinos de Conchalí en mayo pasado. Como medida paralela, el Ejecutivo anunció que también se está estudiando modificar la Ley 20.000 con cuatro medidas esenciales.
Bajo una minuta entregada por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, la medida tiene como objetivo «promover la persecución patrimonial de narcotraficantes» y «eliminar de la referencia al concepto de pureza». Este último ha generado controversia, debido a la falta de instrumentos que miden ciertas características de algunas algunas drogas.
«Estamos trabajando en modificaciones a la ley de drogas que permitan mejorar la persecución del tráfico (…). Y, particularmente, en medidas que ataquen el patrimonio y lujos que ostentan los narcotraficantes, con medidas que tiendan a congelar el patrimonio y faciliten la incautación y enajenación de bienes, involucrando incluso a la Unidad de Análisis Financiero», sostuvo a La Tercera el ministro Andrés Chadwick.
La reforma a la Ley 20.000 contempla en primer lugar eliminar el concepto de pureza de la droga. Esto luego que en al menos 10 fallos de la Corte Suprema fueron anuladas las sentencias contra narcotraficantes, debido a que no se pudo establecer el estado de pureza que tenía la sustancia, ya que en Chile no existían instrumentos capaces de medir dichos índices.
También se busca ampliar los fines de los bienes decomisados de las bandas o particulares dedicados al tráfico de drogas, donde se pueden llegar a encontrar dinero, vehículos, residencias, entre otros. Actualmente, luego de que las personas son condenadas, sus artículos son rematados y el dinero recaudado queda a disposición del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda).
Una tercera medida busca crear la figura penal de suministrar droga sin consentimiento, para que de esta forma no sólo se condene el hecho de asaltar o abusar de una persona que haya sido drogada, sino también el hecho mismo de administrarle narcótico contra su voluntad.
El cuarto punto tiene como objetivo que los análisis de laboratorios realizados por Carabineros o la Policía de Investigaciones (PDI), sean incluidos como prueba en los tribunales de justicia, lo que actualmente recae únicamente en los servicios de salud.
