El exministro Giorgio Jackson, en entrevista con el diario español El País, aseguró que «el Gobierno ciertamente está notificado» de la querella que presentó el lunes contra el senador socialista Fidel Espinoza, la UDI y el empresario Jorge Errázuriz por injurias, calumnias y difamación en el marco del Caso Convenios.
La nota comienza recordando que el extitular de Desarrollo Social -el mayor aliado político de Gabriel Boric, según el diario- escribió lo siguiente en su carta de renuncia: «Presidente, que no le quepa duda que tomaré todas las acciones necesarias para que las mentiras, injurias y calumnias vertidas en mi contra se revelen como tales».
Consultado por los motivos para presentar la querella, respondió que «busco que se haga justicia. Me parece importante que en el debate democrático, por más acalorado que sea –y yo he sido parte de esas discusiones acaloradas–, uno pueda fijar límites y decir que no todo vale».
«En el caso del senador Espinoza, si bien es conocida su animadversión contra mi persona desde hace muchos años, con el caso Convenios él cruzó ciertos límites que son inaceptables. Me trató de líder de una banda criminal y, al día siguiente, cuando le dieron la oportunidad de arrepentirse por la clara e inequívoca interpretación de sus palabras, dijo que no se arrepentía en absoluto», recordó.
Jackson añadió que «no contento con eso, a través de su abogado presentó una ampliación de querella en la que me imputa cinco delitos: fraude al fisco, cohecho, tráfico de influencias, asociación ilícita y prevaricación administrativa. Por supuesto, sin aportar absolutamente ninguna prueba. Puede que el senador hoy se arrepienta y serían bienvenidas sus disculpas públicas, pero creo que ante la gravedad de sus acciones debería afrontar con valentía las cosas que dijo e hizo», añadió.
En el caso del empresario Errázuriz, expresó que «no por tener todo el dinero que se tenga, se puede pasar por sobre la honra de una persona y mentir deliberadamente para dañarla. El caso que presentamos sobre él es sólido y no deja espacio a la duda sobre su conducta, en este caso delictual».
Y en cuanto a la UDI, mencionó que «en una carta firmada por la bancada de parlamentarios de la UDI se me imputaron dos delitos: orquestar un esquema de defraudación al fisco y estar directamente involucrado en el robo de 23 computadores y una caja fuerte en el Ministerio de Desarrollo Social».
«Es un partido que dentro de sus filas ha tenido militantes como Pablo Wagner, Virginia Reginato, Iván Moreira, Marta Isasi, Jovino Novoa, involucrados en casos de corrupción –varios con condena–, por lo que con todo el poder que la UDI ostenta, sus dirigentes deberían medir sus declaraciones al referirse de manera calumniosa contra alguien», agregó.
Consultado si informó previamente al Ejecutivo de las acciones judiciales, contestó que «no es una acción coordinada con el Gobierno –es una acción mía, personalísima–, de la cual el Gobierno ciertamente está notificado».
En cuanto a si no es echar leña a la hoguera en un momento en que el Gobierno busca sostener consensos con la oposición, respondió que «el Presidente Boric, tras el plebiscito de 2022, adoptó una postura de apertura al diálogo que no ha sido recíproca por parte de la oposición. Las dos emblemáticas reformas que el Gobierno ha presentado –pensiones y el pacto fiscal– no han tenido eco en la oposición».
«Por lo tanto, el Presidente va a seguir haciendo todos los intentos para acercar posiciones y estas acciones judiciales no debieran usarse como excusa, porque yo estoy ejerciendo mis derechos personales. Ya no es verosímil que se busque una nueva excusa para esconder que Chile Vamos está absolutamente preso de la narrativa y el relato de republicanos y no pueden moverse de posición», añadió.
