Las polémicas en torno a las transferencias bancarias realizadas por la ex Primera Dama, Irina Karamanos, a la Fundación ProCultura continúan generando revuelo a nivel nacional.
Recientemente, se informó que la abogada Susana Borzutzky renunció a la defensa de la fundación y de sus principales responsables, Alberto Larraín y María Constanza Gómez. Según lo informado por La Tercera, la decisión habría sido motivada por desacuerdos en las declaraciones entregadas por la organización y su equipo legal.
«Confirmamos que hemos renunciado a la representación de ProCultura debido a diferencias de criterio con los clientes sobre la estrategia legal a seguir. Por ello, hemos decidido cesar nuestra defensa de ProCultura, su director ejecutivo, Alberto Larraín, y su representante legal, María Constanza Gómez», señalaron desde el estudio Barruel y Borzutzky Abogados.
Desacuerdos sobre las transferencias de Karamanos
Uno de los principales puntos de conflicto habría sido la discrepancia en las versiones proporcionadas a la prensa sobre las transferencias bancarias.
A pesar de que Karamanos negó lo que se estaba difundiendo en los medios, en un primer comunicado, la abogada Borzutzky admitió que sí se realizaron abonos en concepto de «devolución» de fondos.
«Como hemos mencionado y es de conocimiento público, la investigación del caso ProCultura es reservada y desconocemos los detalles de la indagación del Ministerio Público. Esto no solo nos impide llevar a cabo una defensa técnica adecuada, sino que también nos toma por sorpresa con filtraciones a la prensa de las cuales no tenemos información previa», señalaron.
Añadieron que, tras las menciones a Karamanos, verificaron que efectivamente había trabajado para la fundación, pero en un chequeo interno inicial, se informó erróneamente que había realizado una devolución de fondos, lo que fue desmentido tras una revisión contable más detallada.
