La Fiscalía Nacional dio a conocer este lunes un inédito catastro de investigaciones por delitos sexuales cometidos por sacerdotes o personas relacionadas con la Iglesia Católica.
Lo anterior, mediante la Unidad Especializada de DDHH, Violencia de Género y Delitos Sexuales del Ministerio Público.
En el registro se incluyeron los casos investigados desde el inicio de la reforma procesal, en el año 2000, ocurridos desde el comienzo de la Reforma Procesal Penal (2000), pero que ha recabado antecedentes y denuncias desde 1960 a la fecha.
En total, son 158 personas investigadas asociadas a 144 investigaciones. De ellas se desglosan 74 casos de obispos, sacerdotes y diáconos que no pertenecen a una congregación; 65 obispos, sacerdotes, diáconos que sí pertenecen a una congregación (destacan 16 salesianas y 15 maristas); 10 laicos a cargo de pastorales parroquiales o pertenecientes a colegios. Asimismo, se mencionan otras 9 indagatorias en las que no fue posible obtener adscripción o función.
En su gran mayoría los hechos denunciados corresponden a delitos sexuales cometidos por sacerdotes párrocos o personas vinculadas a establecimientos educacionales. “También existen 5 casos por encubrimiento u obstrucción a la investigación contra superiores de congregaciones u obispos a cargo de una determinada diócesis”, señaló la Fiscalía en su informe.
En tanto, el reporte identificó 266 víctimas, que incluye 178 niñas, niños y adolescentes, 31 adultos y 57 sin precisar, que se encuentran relacionados a casos denunciados antes del año 2000.
En suma, 36 de ellas se encuentran vigentes con diligencias pendientes y 108 concluyeron de diferentes formas: 22 casos terminaron con sentencias condenatorias, 2 con absolución, 4 en suspensión condicional del procedimiento y 7 con sobreseimiento definitivo.
Asimismo, 43 casos finalizaron por archivo provisional o decisión de no perseverar, al no existir antecedentes suficientes para continuar una investigación o para acusar a una persona; 6 casos terminaron por decisión de no iniciar una investigación, dado que los hechos no eran constitutivos de delito; 2 terminaron por otros motivos; y 22 fueron remitidos a la justicia penal antigua (Juzgados del Crimen), dado que los hechos se cometieron antes de la entrada en vigencia de la Reforma Procesal Penal.
Al respecto, Luis Torres, jefe de la unidad de delitos sexuales, anunció un protocolo para que se lleven a cabo las investigaciones ligadas a abusos sexuales. “El fiscal nacional ha recomendado a todos los fiscales regionales que designen un fiscal preferente para la investigación de estos casos o una contraparte regional para facilitar la investigación de los mismos”, aseguró.
Del mismo modo, tras la revisión de todas las causas ingresadas en el registro, se estimó en algunos casos solicitar al Estado Vaticano más antecedentes sobre las personas investigadas.
Ante ello, la conferencia episcopal también se refirió al tema. El vocero de la institución, Jaime Coiro, lo calificó como una traición y contradicción al interior de la Iglesia.
“Al igual como lo ha señalado el Papa, existe vergüenza respecto a los abusos que se han conocido. Lo que la iglesia nos pide hoy, es poner nuestra primera mirada en las víctimas”, recalcó.
