En el pais, existe una serie de indicadores que evidencian el alza y peligrosidad del crimen organizado, especialmente en el norte, y uno de ellos, quizá muy simbólico, es el hecho de que la Fiscalía Regional de Arica y Tarapacá estrenará en las próximas semanas tres nuevos tipos de vehículos, de los cuáles dos son blindados.
El primero de ellos es un furgón que permitirá que los fiscales se constituyan en terreno con sus respectivos equipos de trabajo y puedan efectuar todo lo que realizan normalmente en una oficina.
Sin embargo, cuando las condiciones así lo requieran (como, por ejemplo, cuando deban ingresar a algún sector controlado por algún grupo como “El Tren de Aragua”) los fiscales dispondrán de dos vehículos 4×4 completamente blindados, convirtiéndose de ese modo en la primera fiscalía del país en implementar una medida de protección de esta naturaleza.
El Fiscal Regional, Mario Carrera comenta que “las fuentes de información que tenemos hablan de posibles situaciones de riesgo para los fiscales y sus equipos”, sin precisar cuáles son, aunque es importante recordar que a mediados de año los persecutores de esa ciudad desarticularon a los cabecillas del clan “Los Gallegos”, perteneciente al “Tren de Aragua”, organización que se caracteriza por la extrema violencia con que actúa.
Carrera explica que los móviles forman parte de la primera Unidad contra el Crimen Organizado creada en una fiscalía regional, proceso en el cual “se adjudicó la compra de tres vehículos. Uno de ellos corresponde a una fiscalía móvil, que se va a utilizar para el trabajo en sitios del suceso y que posee toda la tecnología necesaria para estar conectado y funcionar como una fiscalía: tiene dos oficinas en su interior, tres puestos de trabajo, antena con iluminación; o sea, todo lo que se necesita para trabajar en el lugar”.
Además, detalla, “se adquirieron dos vehículos blindados para la concurrencia de los fiscales y su equipo a lugares donde exista algo riesgo y en los cuales sea necesaria su concurrencia. Eso nos permite que puedan asistir con toda seguridad a dichos lugares y realizar su trabajo como corresponde y sin riesgos en orden a que puedan ser objeto de algún tipo de atentado”.
La Fiscalía Móvil
Se trata de un furgón Mercedes Benz, que tuvo un costo total de 160 millones de pesos, mientras que los blindados son dos Jeep Grand Cherokee, por un valor total de 210 millones de pesos, todo lo cual fue financiado con fondos provenientes del Gobierno Regional “como parte de la Unidad contra el Crimen Organizado, que ya está en proceso de capacitación e incluyó el ingreso de 19 personas, profesionales de distintas áreas, como contadores, exfuncionarios de la Policía de Investigaciones y de Carabineros, abogados e ingenieros.
Ellos van a terminar su proceso en abril, están con clases desde el 17 de noviembre para formar parte de esta unidad, que comenzará a funcionar el 1 de abril, fecha en que se van a inaugurar las oficinas otorgadas para este nuevo equipo”.
Fue el 2 de diciembre pasado, cuando el Director de la Unidad Especializada en Tráfico Ilícito de Estupefacientes de la Fiscalía Nacional, Luis Toledo, comenzó la presentación del séptimo informe anual sobre narcotráfico recordando que en 2022 hubo cuatro fiscales asesinados en distintas partes de América Latina: Ecuador (dos casos), Honduras y Colombia, donde fue ejecutado el fiscal paraguayo Marcelo Pecci, crimen cometido por un “encargo” efectuado por la organización criminal brasileña Primer Comando de la Capital (PCC) y en el cual se indaga también la posible participación de venezolanos pertenecientes al Tren de Aragua.
Tras mencionar estos casos, Toledo se preguntó si Chile está en condiciones de evitar un crimen de este tipo, aseverando que los fiscales deben gozar de “la necesaria protección” que requieren para ejercer su trabajo.
En los 22 años de historia que lleva ya el Ministerio Público ha habido una serie de amenazas en contra de fiscales, así como informaciones de inteligencia que revelaban la posibilidad de atentados en contra de varios de ellos, especialmente los ligados a las investigaciones vinculadas con narcotráfico, en la zona centro y norte, y con hechos de violencia ocurridos de Bío Bío al sur.
Justamente en esa zona ocurrió el primer (y único, hasta la fecha) atentado directo en contra de un fiscal, cuando el persecutor Mario Elgueta, que indagaba una serie de ataques armados en la Provincia de Arauco, fue emboscado junto a su comitiva en el sector de Puerto Choque, comuna de Tirúa, en octubre de 2008.
Producto de dicho atentado tres oficiales de la PDI resultaron con lesiones graves, producto de disparos con armas de fuego. Elgueta, en tanto, resultó con heridas de carácter leve.
En el juicio que siguió a este hecho resultaron condenados el líder máximo de la CAM, Héctor Llaitul, así como otros militantes de este grupo, entre ellos Ramón Llanquileo, hermano de la exconvencional Natividad Llanquileo y de Víctor Llanquileo, condenado por un violento asalto ocurrido en Galvarino.
En la actualidad, un número indeterminado de fiscales cuentan con escolta policial, incluyendo a uno de los candidatos a Fiscal Nacional, Carlos Palma, quien investiga la llamada “Operación Huracán”.
