La Fiscalía Regional de Antofagasta ha abierto una nueva arista en las investigaciones que involucran a la diputada Catalina Pérez, esta vez por el presunto delito de aborto fuera de las tres causales permitidas por la ley chilena. La causa se originó tras el análisis de conversaciones privadas entre Pérez y su expareja, Daniel Andrade, exrepresentante de la fundación Democracia Viva, reveladas en el marco del caso por traspasos irregulares de fondos públicos desde el Minvu hacia la ONG liderada por Andrade.
De acuerdo con la información publicada por La Tercera, los mensajes intercambiados entre el 21 y el 26 de diciembre de 2022 habrían proporcionado elementos suficientes para que el fiscal Cristian Aguilar solicitara usar dichos chats como evidencia en la causa penal. La jueza Sissi Bertoglio-Talap aprobó la petición, argumentando que los intercambios eran pertinentes como “evidencia y medio de prueba”. Además, autorizó un allanamiento en un recinto médico de la Región Metropolitana para incautar la ficha clínica de la parlamentaria. Según los antecedentes, ninguna de las tres causales que permiten la interrupción legal del embarazo habría aplicado en este caso.
Este nuevo capítulo se suma al complejo panorama judicial que enfrenta Pérez. Paralelamente, la Fiscalía busca su desafuero ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta para formalizarla por el presunto delito de fraude al Fisco en el caso Democracia Viva, donde se investigan traspasos millonarios de fondos públicos. La situación incrementa la presión sobre la diputada, quien ya enfrenta un intenso escrutinio público y político.
