El fin de semana del 12 de julio marcó un punto de inflexión en la Región Metropolitana. Desde esa noche, hasta los próximos cinco días, se registraron 18 homicidios en la capital. De ellos, los casos más impactantes fueron los asesinatos por impacto de bala de cuatro menores de edad en Quilicura.
El hecho causó indignación y preocupación en la opinión pública y el mundo político. El Gobierno anunció una serie de acciones para enfrentar la crisis de seguridad que se está agudizando en la capital. Entre ellas, el reordenamiento de las policías, la implementación de una fuerza de tarea conjunta y la segunda etapa del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público.
Desde la entrada en vigor del ECOH, se han realizado distintas investigaciones y persecuciones penales. Incluso, en julio pasado, la Fiscalía consiguió la primera condena en Valparaíso por un hecho de este tipo.
No obstante, la Región Metropolitana es la zona que concentra la mayor cantidad de criminalidad en el país, en donde también han ocurrido en mayor medida, situaciones relacionadas con el crimen organizado. De hecho, el mes pasado, desde el Gobierno, a través de la ministra Carolina Tohá (Interior) y el mismo presidente Gabriel Boric, confirmaron que las acciones para enfrentar la crisis de seguridad no han tenido los resultados esperados en la capital.
Héctor Barros, fiscal regional coordinador del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), conversa con CNN Chile acerca de la persecución criminal, los desafíos para enfrentar la situación, al igual que la evolución de la criminalidad y responde la gran duda: ¿aporta el uso de Fuerzas Armadas para enfrentar estos hechos?
El Tren de Aragua es una organización criminal de origen venezolano que actúa en distintos países de la región: desde Estados Unidos hasta Chile. Su llegada al territorio estuvo marcada por crímenes violentos que rara vez ocurrían en el país, como secuestros y brutales homicidios.
Fue así como esta banda se convirtió en preocupación absoluta por parte de la ciudadanía, y levantó alarmas en las instituciones de persecución penal.
Y ha habido buenos frutos, según Barros. En poco más de nueve meses de trabajo, las ECOH han conseguido neutralizar al Tren de Aragua. Sin embargo, también advierte que la situación en ocasiones es cíclica, por lo que se requiere de mayor impacto: “Si logramos llegar al corazón o al núcleo de la estructura criminal, claramente se va a ver afectada por mucho más tiempo”.
No obstante, también explica que la situación no es fácil, ya que “las organizaciones criminales tienen como un costo asumido el que van a ser golpeadas en distintas ocasiones, que muchos de los miembros van a ser detenidos, van a morir incluso, otros van a huir hacia otros lugares y que van a tener que estar constantemente rellenando algunos cupos, para eso opera incluso hasta un sistema de ascenso interno”.
Cuando estaba en boca la ola de homicidios de julio pasado, personeros políticos de diversos sectores, y organizaciones de la sociedad civil, manifestaron la necesidad -en distintas medidas- de declarar estado de excepción constitucional en la Región Metropolitana y utilizar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado.
Esto fue descartado por el Gobierno, reforzando la idea de perfeccionar las facultades del personal policial, por medio de las Reglas del uso de la fuerza (RUF), entre otros proyectos de seguridad.
—Si la pregunta concreta es si un estado de excepción con Fuerzas Armadas va a eliminar el fenómeno criminal, mi respuesta es: eso tiene que ver con el ámbito de la prevención en la comisión delito.
Héctor Barros comenta a que, como Ministerio Público, actúan una vez que se produce el hecho criminal. “Sin embargo, lo que nosotros hemos planteado con fuerza es que también desde el punto de vista de la persecución penal eficiente, el levantamiento de información eficiente y compartida con los organismos competentes, nos pueden llevar a tener también un efecto muy importante en la prevención. Vale decir, por la persecución también podemos llegar a hacer finalmente prevención”, indica.
“Pero cuando usted me habla de la instalación del Ejército o de las Fuerza Armadas tratando de combatir el crimen organizado, yo lo veo más que nada previniendo en la comisión de delitos y tratando de llevar más tranquilidad a la ciudadanía, que se sientan un poco más seguros”, continúa.
—Pero créanme que las organizaciones criminales van a tener un costo mayor, pero van a seguir operando. Viven de esto, viven de cometer delitos, viven de ocupar mercados ilegales que les generan mucha riqueza. Y por eso es que están instalados acá. Si no fuera rentable, se habrían ido o si no fuera rentable, no habrían ingresado nunca a nuestro país.
