El 9 de octubre de este año, un grupo de extranjeros agredió con piedras, palos y armas blancas a seis carabineros que acudieron a un procedimiento por robo con violencia en Puerto Montt.
Por estos hechos se detuvo a trece personas de nacionalidad colombiana, tres de los cuales quedaron en prisión preventiva y ocho con arresto domiciliario total.
Luego del ataque, el presidente Gabriel Boric anunció la expulsión de los ciudadanos extranjeros que golpearon a los funcionarios y, hace unos días, el Gobierno informó que entre el 19 y el 26 de octubre, la Policía de Investigaciones notificó a los 13 colombianos de que serían expulsados en los próximos días.
Pero este 28 de octubre la Corte de Apelaciones de Puerto Montt acogió un recurso de amparo que puso en jaque la decisión del Gobierno. Y es que el abogado defensor de los extranjeros, Carlos Jiménez, argumentó en el recursointerpuesto que antes de la expulsión, se debe realizar la investigación correspondiente a los acusados.
“La Subsecretaría del Interior, antes de aplicar la expulsión, debe en respeto a las garantías constitucionales de los amparados, someterlos a una investigación y procedimiento previo legalmente tramitado, exigido para el procesamiento de toda persona sobre la que se presume la comisión de un delito”, dice el documento.
Al acoger el recurso, la corte dictó una orden de no innovar, por lo que los responsables del ataque a carabineros no podrán ser expulsados por el momento.
Marcela Ríos, ministra de Justicia, aseguró que el Gobierno apelará la decisión.
“Nosotros vamos a utilizar todas las medidas legales para poder llevar adelante la expulsión de estas personas que agredieron a Carabineros. Vamos a apelar esta decisión, pero también somos respetuosos de los fallos y de la autonomía del Poder Judicial, pero sin embargo vamos a apelar a la decisión. Esperamos que nuestra posición sea acogida en la CorteSuprema”.
Durante este jueves 3 de noviembre, la subsecretaría del Interior deberá entregar un informe a la Corte, incluyendo los antecedentes y justificativos de sus alegaciones para ordenar la expulsión.
