El exrector de Liceo de Aplicación, Humberto Garrido, demandó a la Municipalidad de Santiago y pidió que fuera reincorporado luego de que fuera desvinculado en octubre de 2022.
En detalle, el municipio capitalino le pidió su renuncia, asegurando que su gestión había sido evaluada por debajo del mínimo esperado, tras 3 años al mando de la institución, según lo consignó El Mercurio.
Sin embargo, Garrido apela a que su salida se debió a motivos políticos por haber aplicado la ley de Aula Segura, la cual ha sido históricamente criticada por la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler.
El exdirector dijo: “Creo que me sacaron por razones políticas, porque nosotros cuando fuimos electos nos encontramos con colegios muy violentos, y cuando apareció la ley Aula Segura —diciembre de 2019—, la actual alcaldesa, que en ese momento era concejala, era una detractora total de esa ley”.
Más allá del pensamiento de Garrido, la situación se enmarca dentro de un error, ya que según los estatutos, el único cargo que puede solicitar la renuncia de un rector, es el “director o jefe de educación del municipio”, que durante esa fecha era Rodrigo Roco, el jefe de la unidad de Control y Gestión de la Dirección de Educación Municipal; es decir, lo anterior no corre para Roco.
Christopher Gotschlich, abogado de Garrido, aseguró que “según el estatuto docente, quien puede revisar el convenio de desempeño y solicitarle la renuncia, es el jefe de educación, o el director de educación, y ese cargo no está asignado (…). Técnicamente en Santiago nadie lo podría hacer ahora”.
Paralelamente, el municipio se defiende con que la solicitud de renuncia anticipada ocurrió tras la evaluación a su convenio de desempeño, cuyo convenio fue suscrito entre las partes en 2018.
Según lo indicó El Mercurio, la evaluación fue de un 71,2%, lo cual en el sistema de evaluación se considera como “no aprobado”.
Por ahora, ambas partes están dispuestas a discutir la situación ante la demanda de Garrido.
