Fiscalía Metropolitana Centro Norte anunció este jueves la apertura de una nueva investigación en contra de los generales en retiro de Carabineros, Ricardo Yáñez y Mario Rozas, y el exministro del Interior Gonzalo Blumel.
Esto tras la presentación, en noviembre pasado, de una querella en contra de las exautoridades por su presunta responsabilidad en delitos de lesa humanidad durante el estallido social.
La acción judicial fue presentada por María Rivera, exconvencional de la Lista del Pueblo, junto al abogado Óscar Castro.
La acción cita informes del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y boletines de la Fiscalía desde 2019, donde se registran graves denuncias de homicidios, torturas, violaciones, secuestros y detenciones arbitrarias por parte de agentes del Estado en un contexto de manifestaciones.
Los abogados detallaron casos específicos que consideran constitutivos de crímenes de lesa humanidad, como el de José Maureira, estudiante de la Universidad Católica, quien denunció haber sido agredido sexualmente por Carabineros durante su detención, consignó La Tercera.
En la querella se incluyen varios casos de tortura y apremios ilegítimos, entre ellos el conocido “caso del cuartel del Metro Baquedano” y las denuncias de personas “crucificadas” frente a una comisaría en Peñalolén, además del caso de Lucas Rocha, un joven que acusó a la policía de ser agredido y violado.
Rivera y Castro argumentan que las pruebas de participación de los exfuncionarios son “claras”, tanto por acción como por omisión, y señalan que las autoridades civiles y militares “respaldaron públicamente las acciones de Carabineros y Fuerzas Armadas durante las protestas”.
“Lo que se entiende claramente como un cumplimiento efectivo de lo instruido por estas autoridades en cuanto a la comisión de los delitos descritos”, añaden en el documento judicial.
La querella fue admitida a tramitación por el Séptimo Juzgado de Santiago, lo que desató una rápida respuesta de la defensa de Ricardo Yáñez, quien presentó una apelación argumentando que Rivera y Castro no tenían representación en la causa de “Altos Mandos”.
Además, alegaron que la acción penal para perseguir los crímenes de lesa humanidad debe ser ejercida exclusivamente por el INDH, conforme al Estatuto de la Corte Penal Internacional.
El abogado de Yáñez, Jorge Martínez, también sostuvo que los hechos mencionados en la querella ya habían sido “desvirtuados” en investigaciones previas realizadas por fiscales de Valparaíso y Antofagasta, lo que debería haber descartado la apertura de una nueva causa.
A pesar de esto, se rechazó la solicitud y se decidió mantener la querella como admisible. La fiscal Ximena Chong asumió el caso y explicó que la acción fue separada de la causa principal, ya que existen investigaciones paralelas bajo la dirección del fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios.
