Medio centenar de funcionarios públicos participó en un taller de detección de víctimas de Trata de Personas, realizado por la Fundación Madre Josefa y la Clínica Jurídica de la Universidad Santo Tomás, en el Día Mundial contra el flagelo.
El evento contó una exposición de la Policía de Investigaciones y una dinámica de “juego de roles”, donde los asistentes pudieron dramatizar una historia de trata de personas parcialmente guionada.
“La actividad la hicimos para unir a todas las personas y organizaciones que trabajan contra la trata, ayudar a la sociedad civil a hablar del tema y aprender estrategias para reconocer o denunciar casos en la región”, dijo la directora de la Fundación, hermana Sonia Salas.
“Aquí en Talca no hay una casa de acogida para víctimas ni estrategias visibles para ayudar. Se hace necesario abordar de manera distinta este delito que destruye vidas”, enfatizó la religiosa.
La Trata de Personas es un crimen que comercializa a niños y adultos con numerosos propósitos, incluidos el trabajo forzoso, la explotación sexual, la servidumbre doméstica, la mendicidad infantil y la extracción de órganos. La ONU ha recopilado información sobre aproximadamente 225.000 víctimas del flagelo en el mundo.
“Es un delito silencioso, donde es difícil reconocer a las víctimas. Hay algunos indicios como cuando la persona llega a una dirección donde hay más extranjeros, la retención de documentos, la restricción a la libertad de movimiento o cuando hay una barrera idiomática y existe un tercero que habla por ella. Cuando se está frente a la sospecha, se debe concurrir a Investigaciones o Carabineros y hacer la denuncia. Como funcionarios públicos estamos obligados a denunciar”, sostuvo la inspectora de la Brigada Investigadora de Trata de Personas (BITRAP) de la Región Metropolitana, Carolina Gatica.
“Muchas veces la víctima le tiene miedo al tratante, porque éste le dice que tiene contactos o tiene miedo a ser deportada. Otras veces, como el tratante es quien la trajo a Chile y le pagó el pasaje y alojamiento, la persona no se ve como víctima, cree que tiene que responderle al tratante y se siente en deuda con él”, agregó.
Félix Martínez, encargado de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Talca, señaló que si bien el temor suele inmovilizar a las víctimas, la ley contempla una visa especial.
“Las personas extranjeras que son víctimas de trata nunca van a ser deportadas o expulsadas, porque como son víctimas de un delito cruel se les aplica una visa humanitaria temporal. Una vez que avanza la situación investigativa y reparatoria, tienen la oportunidad de quedarse en el país o volver al suyo, con el apoyo del gobierno de Chile y la OIM, que también da asistencia en esos casos”, indicó.
De las 214 víctimas identificadas entre 2011 y 2017, un 30% corresponden al Maule, que detenta la mayor cifra a nivel nacional. Los datos pertenecen a un informe de la Mesa Intersectorial sobre Trata de Personas, que permanece inactiva en la región.
“Yo participo en la mesa nacional y es algo que hemos visto. Muchas regiones, no solo el Maule, tienen una debilidad en la instalación de la mesa. Hacemos un llamado a establecer estos mecanismos de coordinación y a colaborar para articular redes de apoyo a posibles víctimas y generar campanas de prevención”, puntualizó Martínez.
