Como “inexcusable” calificó el diputado Republicano, Agustín Romero, la desprolijidad y falta de rigor que detectó Contraloría, en las rendiciones de los gastos de los trabajos realizados por el equipo de la ex Primera Dama, Irina Karamanos.
Lo anterior, luego de que el legislador recibiera desde la Contraloría General de la República un informe de respuesta al oficio que él mismo había enviado.
El objetivo era que se indagaran los gastos efectuados por y para la ex Coordinadora Sociocultural de la Presidencia, así como los recursos fiscales posteriores que hayan sido destinados a dicha persona o a su gestión. Esto, entre el 11 de marzo y el 31 de diciembre de 2022.
Así, la fiscalización reveló que los informes mensuales con los que se justificaba el gasto de recursos públicos de la repartición dirigida en ese entonces por Karamanos, carecía de “visación y autorización”, por lo que se pidió la adopción de medidas de control para evitar esta situación.
El trabajo de la Contraloría también encontró que dichos informes adolecen también de “falta de especificación en los informes de tareas ejecutadas”.
Otra falencia detectada es la falta de rugosidad en los informes de las actividades, por lo que se pide medida de control para informes detallados, “evitando conceptos genéricos en los mismos y similares mes a mes, que dificultan su control”.
“Nos parece increíble la forma de trabajar de este Gobierno, que da cuenta de su amateurismo y de su falta de capacidad para gobernar el país”, criticó Romero.
“¿Cómo es posible que los informes carezcan de los detalles de los trabajos realizados, que se responda de la misma forma displicente mes a mes?”, se preguntó el diputado republicano.
En esa línea, calificó el trabajo de Karamanos y de su equipo como “mediocre e inexcusable” y llamó al Ejecutivo a adoptar todas las medidas propuestas en el informe de la Contraloría.
Otra de las falencias que se detectó es la “ausencia de las minutas informadas en los informes de actividades”, por lo que se solicitó la adopción de una “medida de control que permita contar con documentación de respaldo de las labores contenidas en los informes de actividades, con el objeto de validar su ejecución”.
La entidad fiscalizadora dio un plazo de 60 días al Gobierno para implementar las medidas e informar respecto de ellas.
