El director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer Correa, descartó que el Gobierno tenga una actitud permisiva en relación a las expulsiones administrativas de ciudadanos extranjeros.
La autoridad indicó que “descarto categóricamente que haya manga ancha” en esta materia y explicó que “cumplimos dos funciones en el proceso: contribuimos a la materialización de las expulsiones a través de la coordinación con las líneas aéreas o la FACH, y eso ocurre con las expulsiones judiciales y las administrativas, apoyando a la PDI”.
El titular de Migraciones informó que “hemos dictaminado más de 1.500 decretos de expulsiones administrativas”, pero aclaró que “tenemos un problema con el proceso de notificación y materialización, que ha sido baja porque la ley cambió”.
Thayer Correa indicó que con la nueva norma “quedó demasiado complejo y burocrático el proceso de notificación y materialización de expulsiones”.
Añadió que “el proceso es sumamente burocrático, y por lo mismo este Gobierno ha propuesto una modificación al procedimiento, porque necesitamos agilizar y materializar más expulsiones administrativas”.
Según la normativa vigente desde febrero pasado “se debe notificar personalmente al afectado, que dispone de 10 días para presentar sus descargos. Luego de ese plazo, se debe notificar la expulsión en forma personal y el afectado tiene otros 10 días para recurrir ante la Corte de Apelaciones. En todo ese tiempo no procede la detención del extranjero”.
La ley agrega que “una vez que firme la expulsión, la PDI debe ir a buscar al extranjero para materializarla en 48 horas”.
