Por los delitos de maltrato animal, falsificación de instrumento público, ejercicio ilegal de la profesión y microtráfico, fueron formalizados y enviados a prisión preventiva dos hermanos que se dedicaban a ejercer como veterinarios en diferentes sectores de Talca y zonas rurales de la comuna, lo cual dejó como consecuencia animales y mascotas muertas o con graves secuelas.
Este caso tuvo su origen el año pasado, cuando el Colegio Médico Veterinario presentó una querella en contra de uno de los inculpados, avalado en una serie de antecedentes denunciados por profesionales y testigos.
De esta manera, el caso comenzó a ser investigado por la Brigada de Delitos Económicos -Bridec- de la PDI en coordinación con la Fiscalía, lo que permitió ir recabando más antecedentes como, por ejemplo, que el “veterinario” venía ofreciendo “servicios” desde hace a lo menos cuatro años y que un hermano suyo también era partícipe. Atendían animales domésticos y ganado.
Las mismas diligencias hicieron posible que fueran ubicadas algunas de las víctimas de ambos sujetos, “lo cual permitió obtener una orden de entrada y registro de un domicilio y donde ambos imputados mantenían elementos asociados al delito. Reunimos suficientes medios probatorios, que permitieron que estos hermanos quedaran en prisión preventiva”, explicó el subprefecto Juan Carlos Moya.
En efecto, en una de las viviendas allanadas fueron encontrados numerosos elementos que eran utilizados por los falsos médicos veterinarios, como medicamentos, jeringas, e instrumental quirúrgico que, por cierto, no contaba con ninguna medida higiénica.
“Desgraciadamente, hay muchas víctimas cuyas mascotas murieron producto de las intervenciones quirúrgicas realizadas por estos tipos, quienes atendían en sus casas… exhibían títulos falsificados”, complementó el oficial de la PDI.
La fiscal Loreto Escobar, señaló que en la audiencia de formalización fueron dados a conocer varios ilícitos, entre ellos, ejercicio ilegal de la profesión por parte de dos hermanos, además de posesión de elementos regulados por la ley 20.000 (Drogas), falsificación y uso fraudulento de un instrumento público, esto último, le permitió inscribirse en el registro nacional de profesionales ante el Registro Civil.
“Hasta ahora, el universo total (de víctimas) lo desconocemos, no sabemos si podremos llegar a la totalidad de las personas afectadas y esperamos que, a raíz de este procedimiento, podamos obtener datos precisos y mayor cantidad de personas afectadas que puedan participar en esta causa”.
La doctora Francisca Contardo, presidenta del Colegio Médico Veterinario de Talca, destacó que este trabajo en conjunto con la Fiscalía y la PDI “ha permitido investigar casos de negligencia, ejercicio ilegal de la profesión”. Explicó -respecto de este caso puntual- que recibieron denuncias de otros veterinarios.
“Comenzamos a indagar, recopilar información de testigos y hacemos un llamado a las personas que han sido afectadas que se acerquen a la PDI, porque necesitamos una sentencia implacable en este caso”, puntualizó Contardo.
