El diputado de la Bancada Republicana, Mauricio Ojeda, presentó un proyecto de reforma constitucional que busca ampliar los castigos para aquellos funcionarios públicos que incurran en delitos de corrupción, como el caso de la fundación ligada a Revolución Democrática (Frente Amplio) “Democracia Viva”.
La idea del parlamentario es que quienes siendo trabajadores fiscales participen en este tipo de ilícitos “pierdan la ciudadanía”, es decir, no puedan votar, ni volver a desempeñarse en la administración pública por el resto de su vida.
En el texto, recuerda que el numeral 3º del Artículo 17 de la Constitución Política de la República, otorga dicha sanción a quienes reciban “condena por delitos que la ley califique como conducta terrorista y los relativos al tráfico de estupefacientes y que hubieren merecido, además, pena aflictiva”.
Así, la iniciativa solicita al Congreso Nacional que allí “se intercale entre las frases ‘como conducta terrorista y los relativos al tráfico de estupefacientes’, la oración ‘los cometidos por autoridades o funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones»”.
“Es realmente indignante que personas se atrevan a robar el dinero de todos los chilenos”, sostuvo el legislador.
En este sentido, Ojeda añadió que “es por esto que vamos a presentar esta reforma constitucional para que aquellos que estén envueltos en delitos de corrupción, no solamente no puedan nunca más trabajar en un servicio público, sino que pierdan su condición de ciudadano, vale decir, que no puedan votar, ni tampoco optar a un cargo de elección popular”.
“Es lo mínimo de moralidad para cualquier persona que ejerce el servicio público”, sostuvo el parlamentario por el Distrito 23, en la región de La Araucanía.
Finalmente, el proyecto de reforma constitucional propone como única excepción, a quienes, habiendo sido condenados por los citados ilícitos, logren “la rehabilitación del Senado de la República”.
