En horas de la tarde de este viernes, la delegada Presidencial de la región del Biobío, Daniela Dresdner (RD), se refirió a los cuestionamientos en su contra por su pasada relación laboral con la Fundación Urbanismo Social, la que recibió millonarias asignaciones por parte del Estado.
A lo anterior se suma que Daniel Andrade, representante de la cuestionada fundación Democracia Viva, emitió en el año 2021 una boleta de honorarios a la campaña de la autoridad regional.
«Cuando existen dudas respecto a los temas de corrupción, hay que ser implacable. Y eso lo que quiere decir es transparencia absoluta», sostuvo la delegada.
En ese sentido, aseguró que «lo que yo he hecho en todas las instancias, es justamente entregar toda la información que tengo disponible, ponerla sobre la mesa. En ese sentido, nosotros mismos hemos instruido a todos los seremis y a todos los servicios de la región que levanten todos los convenios que hayan tenido, sean por trato directo o no, con fundaciones, con corporaciones, con ONGs, desde el 2018».
«Toda la información que se requiere es información que hemos entregado a las instancias competentes… Acá no hay nada que se haya hecho fuera de la ley, fuera de las normas», aseguró.
Dresdner también figura dentro de los nombres a los cuales RD solicitó a la justicia obtener una declaración, mediante una querella.
«Yo he hablado con mi partido directamente, le he entregado la información a mi partido, y en la querella lo que se me pide es que vuelva a entregar estos antecedentes a Fiscalía, y es algo en lo que estoy absolutamente disponible», aclaró.
Finalmente, recalcó que «acá yo estoy por un mandato del Presidente, que es un mandato de poder estar con la ciudadanía y resolver sus problemas, y lo voy a seguir haciendo mientras esté en este cargo».
Por su parte, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se sumó al respaldo del Presidente Gabriel Boric a la delegada presidencial, y aseguró que «el compromiso del Presidente en materia de garantizar probidad al país es total, y segundo el compromiso de ser severo en materia de falta a la probidad también», aseveró.
En esa línea, aseguró que «si alguien, cualquier autoridad, cualquier ciudadano, considera que tiene antecedentes serios, que implican una falta de la probidad, o que eventualmente implican que se haya cometido un delito… tiene que formalizarla y será investigada».
«Y desde esa perspectiva, creo que las relaciones laborales que una persona haya tenido en el pasado o las relaciones personales que una persona haya tenido en el pasado no constituyen per se ni una falta de la probidad ni un delito», añadió.
En cuanto a las críticas de los parlamentarios, respondió que «si hay un senador de la República, justamente por la envergadura del cargo que tiene, que considera que tiene algún antecedente de un hecho que sea una falta administrativa o una falta de la probidad grave, estoy disponible que formalmente me la presente, y obviamente respecto a eso va a haber una investigación. Hasta ahora eso yo no lo he recibido», finalizó.
