El defensor penal nacional, Carlos Mora Jano, encabezó la cuenta pública de la gestión institucional del organismo en 2022, donde expresó su preocupación por el uso excesivo de la prisión preventiva.
Se trató de la primera cuenta pública presencial luego de tres años marcados por la pandemia.
En la oportunidad, el jefe de la Defensoría Penal Pública agradeció el esfuerzo y compromiso de los funcionarios del servicio, enfatizando en las complejidades que impone la actual situación de seguridad pública para el trabajo de defensoras y defensores a nivel nacional.
En la cita se puntualizaron varios temas importantes, como el incremento de los delitos violentos y la desconfianza que hay de la ciudadanía con las instituciones que participan en el sistema de Justicia.
Pero también, el defensor nacional manifestó su preocupación por el uso excesivo de la prisión preventiva, situación que argumentó con cifras.
De acuerdo a los antecedentes, de las más de 267 mil personas imputadas el año pasado por la Fiscalía, en más de 20 mil casos se decretó esta medida cautelar, lo que equivale a un 7,7% del total, siendo que en 2020 y 2021 esta cifra llegó a 5,1% y 4,9%, respectivamente.
Carlos Mora agregó que, de esas 267 mil personas, más de 49 mil fueron sobreseídas, absueltas o terminaron con salidas alternativas sin condena, sumado a que 1.786 personas inocentes pasaron distintos periodos privadas de libertad durante la etapa de investigación.
«El excesivo uso de la prisión preventiva ha decantado en el hacinamiento carcelario y en la imposibilidad de las instituciones en poder abordar debidamente el fenómeno de la criminalidad”, afirmó el defensor nacional.
El titular de la Defensoría Penal Pública recordó que en agosto próximo se cumplen 10 años desde la creación del “Proyecto Inocentes”, el cual visibiliza y releva los complejos efectos que sufren las personas al enfrentar una injusta privación de libertad, donde no existe reparación efectiva, apoyo psicológico y menos laboral.
Carlos Mora destacó que el año pasado el organismo puso en marcha el “Sistema de Registro, Comunicación y Atención Integral a Víctimas de Violencia Institucional Carcelaria”, iniciativa que une a la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema, el Ministerio Público, Gendarmería, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Servicio Médico Legal.
Lo anterior, con el objetivo de denunciar agresiones que sufren las personas privadas de libertad por parte de los agentes del Estado que las custodian.
En relación con las cifras de 2022, el defensor nacional explicó que el 83% de las causas ingresadas a la institución correspondieron a hombres imputados y el 17% restante a mujeres, grupo que registra una baja sostenida desde 2020, pasando de 60 mil causas ese año a 45.389 el 2022.
