En el día de ayer fui contactado por el periodista Felipe Díaz del Diario La Tercera, quien me informó que tenía conocimiento de una investigación penal en la que yo estaría siendo indagado por un supuesto caso de tráfico de migrantes y cohecho. Me señaló, además, que mi teléfono había sido intervenido.
A continuación, el Sr. Díaz me hizo algunas preguntas, las que respondí y fueron publicadas en el diario del día de hoy.
Con sorpresa he podido constatar hoy, al leer ese diario, que el periodista no solamente estaba en conocimiento de una investigación penal que yo desconocía absolutamente, sino asimismo que él tenía en su poder piezas del expediente que da cuenta de la investigación del ministerio público y que fueron citadas de manera textual en la publicación de La Tercera.
Como resulta obvio, me haré parte en la investigación penal y solicitaré copias de los antecedentes, con el fin de ejercer mi defensa y demostrar que las imputaciones que se me dirigen son absurdas. Por ahora no diré más sobre el particular.
Pero lo que más quiero destacar en esta oportunidad es que estamos, una vez más, ante una filtración de información que proviene de una investigación penal, la que no solamente constituye una infracción administrativa de las reglas que los fiscales deben cumplir, sino también ante un delito de revelación de secretos que se encuentran en poder de un funcionario público y que ellos tienen el deber de no publicar. Por ello, he encargado a mi abogado estudiar los antecedentes y preparar las acciones administrativas y judiciales que corresponda. No es aceptable que los fiscales del ministerio público sigan incurriendo una y otra vez en este tipo de conductas, sin que ellas resulten sancionadas.
