El próximo 10 de enero se realizará el procedimiento abreviado contra tres ciudadanos venezolanos acusados de tráfico de migrantes agravado en Arica. Este caso ha puesto en evidencia las prácticas de los llamados «coyotes», quienes facilitan el ingreso irregular de extranjeros, incluidos niños, utilizando antiguos campos minados. Aunque oficialmente desminadas en 2020, estas áreas siguen siendo peligrosas debido a artefactos remanentes, como el que provocó la muerte de una persona en julio de 2024. Los acusados ingresaron a 11 adultos y 4 menores desde Tacna, exponiéndolos a peligros mortales.
La investigación reveló que los detenidos, José Luis Méndez Materno, José Ángel Díaz Yáñez y Miguel Enrique Salas Valbuena, cobraron hasta 240 dólares por persona para guiar a los migrantes por rutas clandestinas en el desierto, como el Hito 18. Según documentos judiciales, los Los migrantes caminan durante 12 horas para eludir controles migratorios y, en algunos casos, realizan pagos adicionales en Tacna a otros miembros de la organización para transportar su equipaje de forma anticipada. Las autoridades sospechan que los imputados podrían estar vinculados a redes de crimen organizado transnacional, aunque no se especifica si se trata del Tren de Aragua.
Este caso se enmarca en un panorama de creciente migración irregular hacia Chile. Según cifras oficiales, al cierre de 2023 había más de 1,9 millones de extranjeros en el país, de los cuales cerca de 337 mil se encontraron en situación irregular. El tráfico de migrantes a través de pasos no habilitados, como los campos minados de Arica, sigue siendo una práctica peligrosa y ligada a organizaciones criminales. Como señaló el ministro subrogante del Interior, Luis Cordero, hasta un 36% de los homicidios en Chile estarían relacionados con algún tipo de organización criminal, destacando la urgencia de abordar tanto el tráfico de personas como su impacto en la seguridad nacional.
