En fallo unánime la tercera sala de la Corte Suprema de Justicia, ordenó a la Corte de Apelaciones de Talca, proseguir con la tramitación de un recurso de protección en contra del Ministerio de Salud, por fallida campaña de prevención del VIH-Sida, y que fue presentado en la Región del Maule.
La decisión del máximo tribunal zanjó una contienda de competencia promovida por la Corte de Apelaciones de Talca, luego que esta declarara su incompetencia para tramitar el procedimiento, aduciendo que dicha acción judicial debía ser interpuesta ante la Corte de Apelaciones de Santiago, tesis que finalmente fue desestimada.
Cabe recordar que el recurso de protección fue presentado por la Coordinadora Nacional de Atención en VIH-Sida (Fundación Sida Maule), en contra del Ministerio de Salud, que busca paralizar la estrategia comunicacional del gobierno, que ha recibido duras críticas de las personas que viven con VIH, ya que según la ONG Maulina “las organizaciones sociales fueron excluidas de su elaboración.
“Esta campaña ha fallado en su objetivo de reposicionar esta problemática de salud, y que entre sus medidas más importantes estaba implementar el test rápido de VIH en los consultorios, iniciativa que no se ha logrado materializar, a pesar de los anuncios y compromisos gubernamentales, sus resultados han mostrado ser deficientes”, sostienen.
Desde la Corporación si bien se mostraron satisfechos con la decisión de la tercera sala de la Corte Suprema, esbozaron una crítica a la Corte de Talca, por utilizar tecnicismos jurídicos para no entrar a “conocer sobre el fondo del problema” dilatando innecesariamente una acción que por su naturaleza cautelar debe ser de tramitación rápida y eficaz.
“Celebramos que haya prevalecido el interés superior de la comunidad en la resolución de la Corte Suprema y se haya dirimido esta pugna entre las cortes, nos parece inconcebible que en un tema tan complejo para la salud pública, en el cual está en juego los derechos de las comunidades más afectadas por el VIH, los tribunales no se consideren competentes para conocer y fallar sobre un Recurso de Protección que busca precisamente resguardar la obligación del Estado de brindar un acceso oportuno a la salud de la población” enfatizan.
Desde la Coordinadora Nacional de Atención en VIH agregan que “consideramos que es una práctica grave e irresponsable emitir y validar una campaña de interés público que desinforma a la población general, creando una percepción errada respecto a la actual disponibilidad de métodos para el diagnóstico del VIH en la atención primaria. La crisis del VIH/SIDA en nuestro país es de tal gravedad que no se puede engañar a la población ni mucho menos improvisar en la ejecución de las políticas públicas”, enfatizan.
“Resulta lamentable que el sistema judicial y el propio Ministerio de Salud nos obligue a movilizarnos en torno a corregir los errores del Estado, y no en campañas de prevención construidas conjuntamente, que es lo uno esperaría en un tema tan importante para la salud pública”, concluye la declaración de la Coordinadora Nacional.
