El brutal episodio que vivió Nancy Muñoz sigue teniendo consecuencias. La mujer se encontró en la calle con el violador y asesino de su hijo de 13 años, quien fue encontrado sin vida en el patio de su casa en Parral.
El sujeto, identificado como Héctor Riveros Retamal, está condenado a presidio perpetuo por el crimen y a 15 años de cárcel por el abuso sexual. Sin embargo, está beneficiado con salidas dominicales.
Me da mucha rabia y pena pensar que mi hijo ya no está con nosotros y él anda como nada. Me da una impotencia terrible verlo en la calle, la justicia es muy mala en Chile. La condena debería hacerla dentro de la cárcel y no en la calle», señaló la madre afectada.
A propósito de esta experiencia, la situación de Nancy fue el centro de las críticas que se emitieron desde el Congreso Nacional. Miembros de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputadas y Diputados coincidieron en que el sistema no está funcionando bien.
«Claramente, hay un problema de Gendarmería. Jamás se debió otorgar ese beneficio, el cual es intrapenitenciario», señaló Matías Walker, de Democracia Cristiana.
«No puede ser que, en la misma de Corte de Apelaciones, una sala distinta falle totalmente en sentido contrario a lo que determinó otra sala», agregó Andrés Longton, de Renovación Nacional.
Las críticas de Longton se basan en que, primero, la Corte de Apelaciones rechazó la libertad condicional de Riveros Retamal, pero luego concedió reintegrarlo a un sistema de estudio y trabajo, donde goza con el beneficio de salida dominical.
Ante los cuestionamientos de los parlamentarios por la decisión tomada, desde el Poder Judicial aclararon que dieron cumplimiento a la ley.
«Es una decisión que fue ratificada por la Corte Suprema. Si la Corte Suprema o la Corte de Apelaciones resolvieron eso, es porque la ley obligaba a hacerlo. Nosotros solamente aplicamos las leyes, las cuales no hacemos nosotros», explicó Guillermo Silva, presidente de la máxima instancia del Poder Judicial.
Por su parte, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, señala que un proyecto de ley podría solucionar los cuestionados beneficios a condenados.
«Es la única manera de tener un proceso debidamente controlado, donde Gendarmería y el sistema penitenciario se va acomodando a una decisión que va siendo controlada por los jueces. Hoy, no hay nadie a cargo del proceso», dijo el secretario de Estado.
El poyecto que propone está basado en experiencias internacionales, en el que las normas pretenden regular todo el sistema de ejecución de penas y los beneficios disponibles para los condenados.
