La Contraloría General de la República reveló serias irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) administrado por la Junaeb. Según un informe de auditoría realizado entre enero de 2021 y diciembre de 2022, se detectaron pagos desproporcionados y modificaciones contractuales no autorizadas, lo que generó una pérdida fiscal significativa. Entre los casos más graves, destaca el pago de $3.554 millones a la empresa Soser S.A. por solo 284 raciones, lo que equivale a $12,5 millones por cada comida, cuando originalmente debían haberse entregado 796 mil raciones.
El informe también cuestiona el incremento no justificado de las raciones contratadas a Soser para 2023, que aumentaron en un 118,2%, pasando de 796 mil a más de 1,7 millones, lo que generó un sobrecosto de $4.423 millones. Además, se detectó que la proporción fija del precio a pagar a las empresas proveedoras fue modificada del 40% al 60% sin la autorización de Contraloría, lo que derivó en un pago adicional de $4.640 millones. Soser S.A., junto a otras empresas como Aliservice y Las Lagunas, fueron las principales beneficiadas, con Soser recibiendo el 50% de ese sobrepago.
La Contraloría concluyó que las modificaciones a los contratos no fueron informadas adecuadamente ni sometidas al control previo de juridicidad requerido. Además, la Junaeb no transparentó los cambios al Programa Referencial de Alimentos, herramienta clave para determinar los pagos fijos a las empresas proveedoras. Estas irregularidades evidencian fallos graves en la administración de recursos públicos, contraviniendo principios fundamentales de eficiencia y transparencia.
